Ultima Hora y el resto de periódicos de Baleares han puesto en conocimiento del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) la difusión ilegal de la práctica totalidad de sus contenidos a través de redes de mensajería como Whatsapp y Telegram, lo que constituye un delito contra la propiedad intelectual e industrial.
Esta denuncia supone un paso previo a la interposición de una denuncia por la infracción de los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal y de otros similares recogidos en el Código Civil. Las penas para los autores del delito oscilan entre los seis meses y los cuatro años de prisión, al margen de las indemnizaciones por los daños ocasionados.
Esta práctica ilegal, que se ha extendido estas últimas semanas, consiste en difundir masivamente a través de los citados canales copias de las ediciones impresas de los medios.
Responsabilidades
Los mensajes que circulan masivamente por la red de mensajería incluyen las ediciones impresas de Ultima Hora, Diario de Mallorca, Menorca, Periódico de Ibiza y Formentera y Diario de Ibiza, y sus editores han comunicado al CEDRO, la asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, la infracción, para que emprenda las oportunas acciones contra sus responsables.
Los mensajes son distribuidos entre miles de usuarios sin que —en buena parte de los casos— conozcan la ilegalidad de tal acción. Las ediciones impresas de los medios citados pueden obtenerse comprando el ejemplar en papel o a través de sus respectivas plataformas digitales, previo pago.
CEDRO tiene como objetivo la defensa y gestión de forma colectiva de los derechos de propiedad intelectual que se derivan de la utilización secundaria de las publicaciones (su reproducción, comunicación pública y transformación), que puede llevarse a cabo cumplimentando los trámites legales establecidos, que protegen la propiedad intelectual de las obras.
El rastreo del origen de los mensajes que vulneran la propiedad intelectual se ha llevado a cabo en diferentes investigaciones por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que cuentan con divisiones especializadas para estos delitos tipificados en el Código Penal.