Como consecuencia de la crisis sanitaria que azota España, el Govern de Balears prevé para 2020 un escenario de reducción del PIB de nuestra comunidad superior al 30 %, y una pérdida de 150.000 puestos de trabajo. A partir de estas cifras dramáticas, la presidenta Armengol ha presentado un acuerdo con los agentes sociales para prolongar los ERTE por fuerza mayor más allá del final del estado de alarma y ampliarlos posteriormente por causas económicas derivadas de una drástica caída de la demanda turística. Se trata de proteger a los trabajadores de manera temporal, sus empleos y unos ingresos mínimos mientras dure esta situación. El objetivo es lógico y nadie sensato podría oponerse. El Partido Popular ya ha anunciado su apoyo a estas medidas, pero creemos que son completamente insuficientes para afrontar el futuro que se avecina. Si el Gobierno proclama cada día que en esta crisis «nadie debe quedarse por el camino», hace falta un plan económico mucho más solvente que contemple medidas para reactivar la economía, porque sino se va a dejar tiradas a miles de familias en Balears.
La prolongación de los ERTE garantiza un colchón de seguridad temporal para los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Esta es una responsabilidad ineludible de las administraciones que permitirá a las rentas más bajas subsistir, a pesar de una caída en sus ingresos como mínimo del 25 %. En términos de emergencia sanitaria, esto supone aplicar un torniquete para evitar desangrarnos. Pero un torniquete no cura una herida. Si no somos capaces de adoptar otro tipo de medidas económicas menos cortoplacistas y más proactivas (no sólo reactivas), medidas sencillas de aplicar y de efecto inmediato, el impacto de esta crisis sobre los trabajadores de renta media y media-baja será inasumible en términos sociales, y comprometerá gravemente cualquier recuperación.
Estas medidas proactivas deben orientarse a un objetivo primordial: el mantenimiento de la actividad económica, en los plazos en que la evolución de la crisis sanitaria lo vaya permitiendo y aunque dicha actividad sea mínima al principio. Para ello es fundamental anticiparse a ese escenario, que antes o después se va a producir, e inyectar liquidez a las empresas a través de medidas que favorezcan e incentiven su reapertura en el menor plazo posible. En definitiva, dinero público orientado a reabrir empresas cuanto antes y no a mantenerlas cerradas sine die. Hablamos, por ejemplo, de habilitar una línea de préstamos para pymes y autónomos con aval público del 100 %, sin amortización ni intereses durante el primer año. Hablamos de aplazar el pago de tributos hasta el 30 de octubre. Hablamos de una reducción de impuestos autonómicos, así como ayudas a fondo perdido, entre otras medidas que, siempre con las máximas garantías sanitarias, incentiven a los empresarios que apuesten por reanudar su actividad, sin expectativa de beneficios, pero movidos por su compromiso con la sociedad en unos momentos que exigen lo mejor de cada uno de nosotros. Esos empresarios existen, pero también necesitan estímulos, apoyo y un liderazgo político que los acompañe en ese camino tan dificultoso.
En una coyuntura económica tan excepcional como la que enfrentamos, la diferencia entre nada y poco se torna inmensa. El escenario de ‘coma inducido' de la economía que da por bueno el Govern de la señora Armengol provocará que muchas empresas no vuelvan a despertar. Una vez superada la pandemia, esa destrucción empresarial tendrá consecuencias permanentes y muy dolorosas para el bienestar de miles de familias que, directamente o indirectamente, dependen de la actividad turística. Me temo que, escuchando algunos análisis de los socios parlamentarios y de gobierno de la señora Armengol, provocar esa necrosis de parte de nuestro tejido productivo puede ser el objetivo último de la ‘hibernación'. No nos engañemos, la turismofobia ha encontrado en el coronavirus el aliado perfecto. Quienes consideren que esta afirmación es una exageración, deben saber que la primera propuesta que el Govern de Armengol presentó a los empresarios contemplaba el cierre total y obligatorio de todos los sectores afectados por la caída de demanda turística. Un completo despropósito.
El acuerdo presentado por la señora Armengol vuelve ser, una vez más, una carta de peticiones a Madrid. Está bien que así sea, porque nuestra comunidad va a sufrir el impacto de esta crisis con especial virulencia. Pero no podemos ir a remolque, una vez más, de las decisiones de un Gobierno central sobrepasado completamente por la situación. El Govern de Balears tiene en su mano adoptar medidas para evitar que un escenario de recesión temporal se convierta en una larga depresión de nuestra economía que impida definitivamente recuperar nuestros niveles de renta anteriores a esta crisis. En términos de competitividad, el coste de dar por concluida la temporada turística es incalculable. En el escenario postpandemia, si queremos posicionar a Balears como un destino seguro en cuanto a garantías sanitarias ya deberíamos haber estado trabajando en esa dirección desde hace semanas y no esperar al día que se abran puertos y aeropuertos.
Cualquier aficionado al deporte sabe que cuando un equipo sale a empatar, las posibilidades de perder el partido se multiplican. Lo que esta crisis nos exige es aún más difícil: remontar en las peores circunstancias. Y esto es incompatible con la resignación y el eterno victimismo ante Madrid. La ausencia de un potente plan estratégico que incluya, entre otros, los sectores de restauración, hostelería, comercio, transporte, ocio, para estimular el mantenimiento de su actividad significa, no sólo dar el partido por perdido, sino renunciar a jugarlo. La presidenta Armengol ha solicitado las aportaciones de otras fuerzas políticas a su acuerdo con los agentes sociales. El Partido Popular le ofrece su apoyo para intentar ganar entre todos este partido, no para aceptar perderlo por goleada.