El presidente de la Asociación de Constructores de Baleares, Eduardo López, muestra su preocupación por cómo han evolucionado los acontecimientos en su sector en el último mes, de ahí que a partir de hoy mismo pide a todas las administraciones que actúen con celeridad para paliar los efectos negativos del parón producido al interrumpirse desde el 30 de marzo todas las actividades industriales y económicas no esenciales por el estado de alrma.
«De poco o nada servirá que volvamos a trabajar y reabrir las obras cerradas por el real decreto si las administraciones siguen inoperativas. Ayuntamientos, consells y el Govern nos tienen que eliminar las trabas administrativas que imponen hasta la fecha para que podamos trabajar en nuestro sector sin problemas», afirma López.
Hace un especial llamamiento a los ayuntamientos, ya que la casi totalidad de las obras son privadas y dependen de permisos municipales: «Sin licencias para final de obra o de ocupación de vía pública, por poner unos ejemplos, poco o nada se puede hacer en la actual coyuntura».
López añade que en el actual clima empresarial de incertidumbre «las administraciones tienen que reactivarse pese al estado de alarma en el que estamos en estos momentos por la crisis del coronavirus. No se pueden poner pegas a la actividad de la construcción, más aún cuando llevamos desde finales de marzo con todas las obras paradas».
La patronal reconoce que hoy vuelven al trabajo las empresas «con todas las garantías sanitarias consensuadas con la Administración autonómica. Ante todo está la seguridad de los trabajadores y erradicar cuanto antes esta pandemia».
El presidente de la patronal insiste en que para que vuelva la normalidad a la mayor brevedad «deben eliminarse las trabas burocráticas en la concesión de finales de obra, cédulas de habitabilidad y todo tipo de permisos y registros de actividad, porque ello es esencial para las empresas de construcción de Mallorca y resto de islas».
El problema radica en que todos los ayuntamientos de las Islas están en mínimos en estos momentos, de ahí que cualquier tramitación urgente o para iniciar una obra se ve ralentizada más de lo norma. Eduardo López afirma que sin el final de obra que tienen que dar los ayuntamientos «muchos promotores de las obras no podrán pagar, lo que afectará negativamente a todos los sectores relacionados con la construcción».