El Partido Popular de Baleares ha propuesto la creación de una renta mínima de emergencia de 600 euros durante seis meses para trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o que han perdido el trabajo por la crisis del coronavirus, «para complementar la pérdida de renta».
Esta renta de emergencia forma parte de una batería de medidas que la formación popular ha presentado este lunes y que se trata, según han explicado en un comunicado, de un «plan de rescate social y económico» por valor de 1.400 millones de euros para autónomos, empresas, familias y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Según ha explicado el presidente del PP balear, Biel Company, «es un plan ambicioso e imprescindible, con un horizonte a medio y largo plazo para que nadie se queda atrás en la crisis del coronavirus».
En este sentido, Company ha pedido al Govern que «apruebe medidas específicas para inyectar liquidez» a empresas y autónomos, por importe de hasta 900 millones de euros, con líneas de ayuda a fondo perdido y préstamos inmediatos avalados por la administración a través de la Sociedad de Garantía Recíproca ISBA.
El presidente popular ha explicado que los empresarios y los autónomos necesitan que estas ayudas lleguen cuanto antes para «poder soportar el paro de la actividad económica» y ha añadido que el Gobierno central y autonómico deben salir a su rescate».
El presidente del PP balear también ha pedido al Govern que aplace, sin recargo y hasta el 30 de octubre, el cobro de todos los impuestos autonómicos gestionados por la Agencia Tributaria de Baleares «para todos los autónomos y pequeñas y medianas empresas que se hayan visto afectados por la crisis del COVID-19».
El PP ha propuesto también que esta medida se amplíe a aquellos ciudadanos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la falta de ingresos por la crisis del coronavirus.
El dirigente popular ha recomendado, además, la creación de otra línea de ayudas en materia de vivienda con una dotación mínima de 25 millones de euros para que quienes han visto disminuir sus ingresos mensuales en, al menos, un 30 por ciento, puedan hacer frente al pago del alquiler o de sus hipotecas.
Para Company, «es la hora que las administraciones rescaten a los ciudadanos y les ayuden a complementar sus ingresos para que puedan atender sus gastos básicos y ayudar a recuperar el consumo en cotas similares a antes de la crisis».
Demandas al Gobierno central
Por otra parte, el PP de Baleares ha instado al Gobierno central a adoptar medidas adicionales «para complementar las que se proponen a nivel autonómico».
Una de estas propuestas es «la suspensión con carácter extraordinario» para el ejercicio 2020 de la Ley de Estabilidad Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera, para permitir que ayuntamientos y Consells puedan destinar los más de 500 millones de euros de sus remanentes a hacer frente a la crisis.
También han solicitado la ampliación del pago de las prestaciones de los trabajadores fijos discontinuos hasta el inicio de la temporada 2021, siempre que no puedan incorporarse antes a la actividad laboral.
Han pedido asimismo la «transferencia inmediata» a Baleares de los 78 millones de euros de IVA «que debe el Gobierno central», así como los 25 millones de euros «recortados en materia de formación y políticas de ocupación».
El PP también ha pedido al Ejecutivo central que aplace hasta el 30 de octubre de 2020 el plazo para presentar las autoliquidaciones y formalizar el ingreso del impuesto del IVA, Sociedades, pagos fraccionados, retenciones y resto de deudas tributarias, para autónomos y pequeñas y medianas empresas afectados directa o indirectamente por la crisis de la COVID-19.
También ha hecho extensiva esta demanda para presentar el IRPF a todos los contribuyentes que se hayan visto afectados por la crisis del coronavirus.