El Govern quiere evitar que el temor de sus trabajadores a contagiarse por la COVID-19 dé lugar a desbandadas como la que se produjo la semana pasada en la Conselleria de Treball, concretamente en el servicio que tramita los expedientes de regulación temporal de empleo (y que ayer ya trabajaba a pleno rendimiento, con más de 60 empleados). A esta voluntad responde el acuerdo que adoptó el pasado viernes el Consell de Govern, que establece que «todo el personal funcionario de la CAIB y del sector instrumental que trabaje presencialmente deberá acudir al Servei de Prevenció de Riscs Laborals si presenta síntomas compatibles con la COVID-19 o ha estado en contacto estrecho con alguna persona contagiada, a fin de ser citado para una valoración presencial por parte de los médicos del trabajo».
En una nota de prensa difundida el viernes, el Govern defendía que ésta y otras medidas tenían por objeto «incrementar la seguridad de los trabajadores». No obstante, fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron ayer que también se pretende evitar que se repitan casos como el de la semana pasada, cuando funcionarios de Treball abandonaron su puesto al conocer que un empleado del mismo departamento con el que habían estado en contacto podría estar infectado (finalmente, la prueba dio negativo). «No pueden permitirse desbandadas sin saber si las sospechas por COVID-19 son ciertas o no», justifican la medida fuentes del Govern.
«Irresponsabilidad»
El STEI expresó el martes su rechazo a que se obligue a los empleados a dirigirse al médico de trabajo. El sindicato recuerda en este sentido que las autoridades sanitarias no paran de repetir que si un trabajador tiene síntomas de COVID-19 debe telefonear a su centro de salud y que se le dirá qué tiene que hacer. Esta medida trata de evitar que los infectados propaguen el virus.
Una portavoz de la Conselleria d'Administracions Públiques matizó ayer que los sospechosos primero deben llamar al Servei de Prevenció y que, tras ese primer contacto telefónico, los médicos dirán si procede hacer un examen presencial. Además, indicó que el protocolo aprobado por el Govern se ampara en otro del Ministerio de Sanidad que dice cómo actuar si el sospechoso trabaja para un «operador crítico esencial». Y el Govern «es un operador crítico esencial».
El STEI calificaba la medida de «irresponsabilidad» y se preguntaba si el Servei de Prevenció de Riscs Laborals disponían del material adecuado para atender posibles infectados. Administracions Públiques señaló que se les dotará de material, que se reforzará el servicio si es preciso y que todavía se está trabajando para cerrar el circuito que deberán seguir los posibles infectados.