Baleares, con 26,5, está a la cabeza en número de disolución matrimonial --separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas-- por cada 1.000 habitantes, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
Así, las demandas de disolución matrimonial presentadas en los juzgados de Baleares durante 2019 sumaron 3.049, una cifra que representa un ascenso del 5,4 por ciento respecto a las presentadas en 2018, que fueron 2.893.
Además, durante 2019, disminuyeron las separaciones y aumentaron los divorcios en el archipiélago balear. Las 1.882 demandas de divorcio son un 3,6 por ciento más que las de 2018; y las 1.058 demandas de divorcio contencioso, un 11,6 por ciento más. En cambio, las 84 de separación consensuada, un 10,6 por ciento menos; y las 25 de separación contenciosa, un 28,6 por ciento menos.
En cuanto a nivel nacional, las demandas de disolución matrimonial presentadas en los juzgados durante 2019 sumaron 109.567, lo que representa un descenso del 1,9% respecto a las presentadas en 2018. Esta tendencia a la baja se viene repitiendo de manera ininterrumpida desde 2015.
Durante 2019, disminuyeron todas las formas de disolución matrimonial, tal y como destaca el organismo. Concretamente, las 62.020 demandas de divorcio consensuado son un 0,4% menos que las de 2018; las 42.826 demandas de divorcio contencioso, un 3,6% menos; las 3.210 de separación consensuada, un 5,4% menos; y las 1.511 de separación contenciosa, un 7,6% menos. En cuanto a las demandas de nulidad, se presentaron 100, por las 134 presentadas en 2018.
El mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes (dato que se obtiene relacionando el número de demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2019) se ha dado en la Comunidad Valenciana, con un total de 26,7. Le siguen Baleares, con 26,5; Canarias, 25,7; Andalucía, 24,3; Cataluña, 24; Asturias, 23,7 y Murcia, 23,6.
Estos siete territorios superan la media nacional, que es de 23,3 demandas de disolución por cada 10.000 habitantes. Por el contrario, las cuotas más bajas se han dado en Castilla y León, con 18,4; País Vasco, 19,7 y Extremadura, 20,8.
Por otro lado, en 2019 se presentaron 12.166 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 7% más que el año anterior, de acuerdo a los mismos datos. En cuanto a las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, aumentaron un 3,8% respecto a 2018, al alcanzar la cantidad total de 34.949.
Por su parte, las demandas relacionadas con medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas ascendieron a 19.716, lo que supone un 2,3% más que en 2018; las no consensuadas fueron 28.364, un 0,6% más que en el año anterior.
Según los datos ofrecidos por el CGPJ relativos al cuarto trimestre de 2019, el número de demandas de disoluciones matrimoniales se redujeron en un 2,5% respecto al mismo trimestre de 2018. También en este caso la disminución ha sido generalizada en todas las formas de disolución matrimonial.
Las 16.581 demandas de divorcio consensuado que se dieron en el cuarto trimestre fueron un 0,6% menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2018; y las 11.761 demandas de divorcio no consensuado, un 4,3% menos.
Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se han presentado 824, han disminuido un 8,8% respecto a 2018; y las 397 no consensuadas representan un 10,2% menos que las presentadas el año anterior. Asimismo, el número de demandas de nulidad, 30 en total, ha sido un 11,8% menor que el de las presentadas en el cuarto trimestre de 2018.
Según informa el CGPJ, poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2019, el mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se ha producido también en este caso en la Comunidad Valenciana, con 7,4. Le siguen las Islas Baleares, con 7,2; La Rioja, 7; Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha con 6,6; Cantabria, 6,5; y Murcia, 6,4.
Todas estas regiones superan la media nacional, que es de 6,3 demandas por cada 10.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se han dado en Castilla y León, con 4,7; Aragón y Extremadura, con 5,4; País Vasco, 5,5 y Navarra, 5,6.
Respecto al cuarto trimestre del año 2018, todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han mostrado incrementos interanuales, con la excepción de las modificaciones de medidas no matrimoniales no consensuadas.
Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 3.323, se han incrementado un 7,1%; y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 9.291, han aumentado un 2,5% respecto al mismo trimestre de 2018.
Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 5.269, han tenido un incremento interanual del 3,9%; mientras que las no consensuadas, 7.763, han mostrado una disminución del 1,2%.