La junta de jueces de Instrucción de Palma junto con la Fiscalía de Menores han acordado una serie de criterios comunes para actuar ante casos en los que los detenidos son menores no acompañados (menas). La iniciativa de este acuerdo, que se adoptó hace unas semanas y que ya ha pasado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, surgió después de una serie de disfunciones detectadas durante las guardias y algún problema puntual con estos menores, sobre todo en algún caso de Manacor.
El acuerdo establece una serie de protocolos para actuar ya sea en casos de personas detenidas por entrada ilegal en el territorio nacional que alegan ser menores de edad o en el caso de detenidos cuya mayoría de edad no hay manera de verificar. En ese caso se remiten a pruebas médicas en el hospital Son Espases, ya sea para que se dictamine su edad en base a una radiografía de muñeca o mediante un examen dental. Esas pruebas también se llevarán a cabo en caso de que algunos de estos tutelados sean detenidos por la comisión de un delito y también aleguen esa minoría de edad, caso que ya se han presentado en alguna ocasión en la Isla, cuando se han derivado a un mayor de edad a menores sin haber llevado a cabo un examen previo.
A raíz de la oleada de pateras a Baleares que arrancó el año pasado, se ha multiplicado el número de inmigrantes menores de edad que permanecen en la Isla al no poder se expulsados por su edad. Se han producido detenciones de algunos de algunos de ellos por delitos como robos con fuerza de forma puntal. Del mismo modo, ante la falta de espacio en centros de internamiento de la Península, algunos mayores de edad han tenido que ser puestos en libertad a la espera de los trámites para su expulsión.