La plataforma contra los megacruceros ha denunciado este lunes que ni el acta de la última reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ni el borrador del plan estratégico a 10 años vista incluyen la moratoria de la llegada de cruceros al puerto de Palma.
«No sé si alguien nos está tomando el pelo o piensa que somos tontos», ha asegurado en una rueda de prensa Jaume Garau, de Palma XXI, una de las cuarenta entidades que forma parte de la plataforma, sobre el hecho de que el acta de la última reunión de la APB «no contempla para nada la moratoria que teóricamente se ha aprobado».
Esa moratoria, solicitada por la plataforma desde hace dos años y que el Govern balear concretó pidiendo que no se confirme ningún atraque de cruceros en Palma a partir de 2022, tampoco figura en la planificación estratégica para los puertos de las Islas publicada por la APB para recibir aportaciones.
«Nadie nos ha asegurado todavía que eso será así», ha insistido Garau, que ha criticado que el plan estratégico prevé que sigan aumentando los cruceristas «hasta 2 millones más en unos cinco años».
La Plataforma contra los megacruceros registrará este lunes sus aportaciones a ese plan estratégico, del que denuncian que solo se ha hecho pública la mitad, empezando por reclamar que se constituya una comisión técnica de expertos para la evaluación de impacto «social, económico y medioambiental» de los cruceros, «que debería ponerse en marcha ahora, para hacer una diagnóstico de la capacidad de carga del puerto de Palma», ha reclamado Garau.
La reivindicación de la plataforma es que se limite la llegada de cruceros a un barco diario o 4.000 cruceristas como máximo, pero Garau ha recalcado sobre ese límite que «alguien debe decir si es correcto o no». Ha detallado que este año están programadas jornadas en las que coinciden a la vez hasta seis megacruceros en Palma.
«Por eso pedimos una comisión de expertos independiente, en la que queremos estar y que en el plazo de un año este trabajo estuviera hecho, con datos completos», ha pedido Garau.
Proponen que para medir los impactos se aplique el sistema DECA (de las iniciales en inglés Domestic Emission Control Area) que utilizan otros puertos europeos, con medidas concretas y evaluables de control de emisiones de acuerdo con la legislación internacional, y que cada puerto sea proactivo en definir el numero de barcos que puede acoger.
Proponen que los ingresos de la APB no se destinen a inversiones que promuevan el crecimiento, sino a establecer un control de emisiones y de calidad homologado internacionalmente, dotar de instalación eléctrica para que los barcos pequeños puedan cargar cuando estén amarrados y hacer más accesible el puerto a la ciudadanía.
Sobre la moratoria desde 2022, piden que sea la Conselleria de Medio Ambiente del Govern la que «controle todos los dispositivos que existen para poder evaluar si los barcos, sobre todo los megacruceros, cumplen los estándares que ellos dicen que cumplen».
La plataforma reclama también que las entidades ciudadanas tengan representación en algún órgano de la APB, para que «no pase como ahora, que dicen que aprueban una moratoria y el acta no recoge nada de eso». «Si estuviéramos allí no pasaría y las cosas funcionarían de otra manera», ha reivindicado Garau, que pide poder intervenir en el debate de las subvenciones al transporte marítimo y de la inspecciones medioambientales.
La portavoz del GOB, Margalida Ramis, ha denunciado la imposibilidad de establecer una capacidad de carga máxima en los puertos cuando existe una «opacidad total en datos de contaminación», después de dos años reclamándolos.
Ha criticado además que la planificación de la APB «en ningún momento menciona la emergencia climática», declarada por Govern balear, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma, cuando «un plan estratégico debería tener la cuestión de la emergencia climática como punto de inflexión».
Mariano Reaño, de Amics de la Terra, ha reclamado datos de contaminación, explotación de los recursos hídricos e incluso daños de los humos sobre los monumentos, como los que ha obtenido Venecia. «Pensamos que se debería aclarar todo esto y saber qué supone para Baleares porque no es de recibo que las navieras y la APB se lleven el lucro y a nosotros nos quede todo lo demás que no es nada bueno», ha insistido.
Manel Domenech, de 'Ciutat per qui la habita', cree que la APB debe reorientar sus inversiones: «No podemos crecer indefinidamente, hemos de empezar la contención hacia el decrecimiento o sucumbiremos como pueblo y como sociedad». Reaño ha recordado al respecto que los tribunales británicos han tumbado la tercera pista del aeropuerto de Londres, mediante una sentencia que la plataforma está estudiando