La Fiscalía solicita penas que suman 24 años de prisión para dos ex altos cargos del Instituto Municipal del Deporte (IME) de Palma, un empresario adjudicatario del mantenimiento de polideportivos y un ejecutivo de su sociedad por malversar casi 755.000 euros de la empresa pública.
La sección segunda de la Audiencia de Palma ha programado para el próximo viernes una vista previa del juicio en el que los cuatro procesados se enfrentan a las acusaciones de malversación en concurso con fraude a la administración y de prevaricación por hechos supuestamente ocurridos entre 2011 y 2016.
El fiscal relata en su escrito de acusación que Antonio Ramis, gerente del IME de 2011 a 2015, el jefe de mantenimiento del mismo organismo, un amigo suyo dueño de la empresa de mantenimiento que tenía a su cargo instalaciones deportivas y piscinas públicas, y un ejecutivo de esta empresa, se concertaron para desviar fondos municipales.
Por un lado, según la acusación, se modificó el sistema de control de los gastos de los polideportivos para que no fueran supervisados por los directores de cada instalación sino por el jefe de mantenimiento del IME, lo que generó quejas de los directores y los capataces que no fueron atendidas.
Asimismo, la adjudicataria del mantenimiento cobró por trabajos no realizados por orden de los directivos del IME y casi duplicó el precio de suministros que adquirió para el organismo público.
La Fiscalía detalla también que la empresa se había comprometido a reducir en un 8 % su facturación porque había recortado la presencia de trabajadores en las instalaciones del IME, pero solo rebajó un 3 %.
Finalmente, entre las conductas presuntamente delictivas imputadas por la acusación pública está el incumplimiento de obligaciones contractuales en la higiene de las instalaciones deportivas, que el IME cubrió contratando a otra empresa.
Por todo ello la Fiscalía pide 7 años de cárcel por malversación en concurso con fraude a la administración y 14 años de inhabilitación para empleos o cargos públicos por prevaricación para cada uno de los dos ex altos cargos del IME, y 5 años de cárcel para el empresario y otros tantos para su empleado por malversación como cooperadores necesarios y 8 de inhabilitación en cada caso como inductores a la prevaricación.
Para los cuatro se reclama la indemnización al IME por los 754.867,62 euros presuntamente defraudados, cantidad de la que el 81 % corresponde a sobrecostes facturados a las arcas públicas municipales.