La Oficina Anticorrupción dirigida por Jaime Far considera que el plus de residencia que perciben los altos cargos de la Comunitat Autònoma de fuera de Mallorca se debería fijar en función de los justificantes que aporten sus beneficiarios. Es decir, que no se les debería indemnizar con 22.000 euros anuales ‘a fondo perdido’, como se ha hecho desde que se implementó este plus, sino que se les debería abonar una cantidad acorde con los gastos efectivamente justificados y derivados de no tener su residencia principal en Mallorca.
Esta es una de las dos recomendaciones que la Oficina Anticorrupción hace en el informe que ha enviado al Parlament tras abrir una investigación por el pago de los polémicos pluses, que desataron una enfrentamiento política al aprobarse los presupuestos de Baleares para este año.
La otra recomendación se refiere al redactado del artículo de la Ley de Presupuestos que establece estos pluses, y que el informe estima «mejorable». Concretamente, cuestiona que la ley balear fije esta indemnización para los altos cargos de fuera que pasen a residir en Mallorca pero al mismo tiempo conserven su residencia oficial fuera de la Isla cuando, por otro lado, la normativa estatal de empadronamientos establece que cualquier ciudadano se debe empadronar en el lugar donde reside de forma habitual. En otras palabras, el informe critica que el redactado actual inste a los altos cargos de fuera de Mallorca a no empadronarse en la Isla a fin de poder ingresar la indemnización.
Cumplen con la normativa
Tal y como publicó este periódico el jueves, la Oficina Anticorrupción no ve delito en el polémico plus. Sus beneficiarios «cumplen con la normativa».
La mencionada investigación se abrió a mediados de diciembre después de que la Oficina recibiera dos denuncias anónimas.
Creado durante el primer Pacte de Progrés solo para los altos cargos baleares de fuera de Mallorca y después extendido a los de la Península, en la actualidad solo una veintena de altos cargos se benefician del plus.
Otra investigación por «discrepancias» en los documentos
Al margen de la investigación abierta acerca del posible incumplimiento del artículo que establece el abono del plus de residencia para los altos cargos de fuera de Mallorca, y que la Oficina Anticorrupción ya ha archivado al no haber detectado irregularidades, el organismo dirigido por Jaime Far mantiene una segunda investigación por unas «discrepancias» surgidas a raíz de la documentación que han presentado. El responsable de la Oficina evitó ofrecer más detalles sobre esta investigación y solo reconoció que se investigan «discrepancias».