El Govern balear constituirá en marzo una mesa interinstitucional de vulnerabilidad en materia de vivienda que reunirá al ejecutivo autonómico, consells insulars y ayuntamientos para hacer frente de manera conjunta al problema social de los desahucios, según la competencia de cada administración.
Se trata de una de las «25 Acciones Extraordinarias de Vivienda», de impulso del acceso a la vivienda en general y la pública en particular, que recoge el decreto ley aprobado este viernes por el Govern balear que deberá validar el Parlament.
El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, se ha referido en rueda de prensa a «la necesidad de abordar» esta problemática y ofrecer una solución conjunta.
En primer lugar, la referida mesa tendrá como objetivo crear un protocolo de actuación frente a cualquier desalojo que se pueda producir en la comunidad autónoma.
Pons ha advertido que, no solo se trata de un problema de vivienda, sino de atención social debido a la situación de vulnerabilidad de las familias y personas afectadas, lo que corresponde al ámbito municipal.
En ocasiones, el perfil de la persona desalojada es un ciudadano o una familia que ni puede hacer frente al pago de un alquiler, ni a sus necesidades más básicas.
El conselller ha añadido que, a día de hoy, su departamento tiene firmado un convenio con el Consell de Menorca por pone a su disposición viviendas del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y el Consell realiza la tarea de «acompañamiento» y seguimiento de las personas desalojadas.
Se trata de una cooperación, ha destacado, que está dando «buenos resultados».
Por ello, el Govern es partidario de este tipo de acuerdos más que crear una oficina autonómica de deshaucios, como las que suelen tener algunos ayuntamientos.
El conseller se ha referido a la necesidad e importancia de la cooperación entre las instituciones para abordar este tipo de situaciones.
También ha anunciado que su departamento pondrá a disposición de la Conselleria de Servicios Sociales 15 viviendas para «dar respuesta» a determinas emergencias.
Los primeros encuentros de la referida mesa será «fijar» un protocolo de actuación que determinará cuál será el papel de cada administración ante un deshaucio, según las características del mismo.
El municipio de Baleares donde se producen más deshaucios es Palma. En concreto, la Oficina Antidesahucios del Ayuntamiento de Palma detuvo y resolvió 1.759 desahucios desde su creación en julio de 2015 hasta finales de 2019.
En 2019, de los 683 expedientes gestionados, el 59 % fueron por impago de alquiler, el 18 % por ejecuciones hipotecarias, el 15 % por ocupaciones ilegales y un 1 % por otros motivos.