Orden de busca y captura contra un falso ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, acusado de estafar a varias empresas con medio centenar de certificados falsos de riesgos laborales. La Audiencia Provincial tenía que haber juzgado ayer al acusado de falsedad y estafa que durante años se había hecho pasar por experto en prevención. No apareció por el juicio y las acusaciones creen que ha huido a algún país sudamericano. Afronta una petición de seis años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía.
Según la acusación, a partir del año 2012, el acusado, de 44 años de edad, comenzó a actuar para empresas de toda la Isla. Esgrimía un título falso de la Universidad de Granada que compulsó en una notaría de Manacor y dos títulos de máster superior en prevención de riesgos laborales. En realidad sólo tenía uno como técnico en prevención de nivel intermedio. También enseñaba un tercer certificado falso que había conseguido que le acreditaba como coordinador de seguridad y salud laboral.
Gracias a esos títulos fue contratado por dos mercantiles dedicadas a la prevención de riesgos laborales. Operó bajo su amparo de forma muy esporádica porque, de acuerdo con estas sociedades, lo que hizo en realidad fue fingir que era empleado de ellas para facturar por su cuenta a distintas empresas, que incluyen varios bares y restaurantes, pequeñas empresas de carpintería o de construcción y hasta clubes de mar de la Part Forana. La documentación que elaboraba con sellos falseados incluyen servicios de prevención de riesgos laborales, certificados de formación y reconocimientos médicos.
Entre otros permisos, firmó alguno de manipulación de alimentos, otros para trabajadores certificando que habían superado la formación en riesgos laborales. Les cobraba algo más de doscientos euros. Estos documentos fueron presentados en organismos acreditados como la Fundación Laboral de la Construcción.
El acusado proporcionaba estos certificados, que son obligatorios para las empresas, sin factura y cobrando en mano. En paralelo fue más allá en la actividad y fue contratado como ingeniero superior por una constructora y firmó proyectos como tal, como por ejemplo, el de instalación de una piscina o una estructura del Puerto Deportivo de Alcúdia.
Al acusado se le imputan delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, estafa e intrusismo profesional. Por los dos primeros delitos le reclaman una condena de cinco años de cárcel y, por el tercero, de año y medio. Además tiene que indemnizar a más de una veintena de víctimas de los falsos certificados que le fueron abonados por más de 20.000 euros. Otros perjudicados no se personaron en el procedimiento penal y se reservan para ellos acciones civiles.