El Ministerio de Hacienda ha propuesto a las comunidades autónomas compensar el impago de la liquidación del IVA de 2017 (hasta 2.500 millones de euros) con un Fondo extra de Liquidación Autonómico (FLA) al cero por ciento de interés. Por tanto, no contempla pagarlo, como solicitan las autonomías.
Así consta en un documento que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido a los consejeros de las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Además, Hacienda se ha comprometido a no tener en cuenta el IVA impagado para el déficit regional. De manera que si una región registra en 2019 un déficit del 0,1 por ciento o inferior, se entenderá que ha cumplido el objetivo de déficit y no sufrirá el control de Hacienda.
Según el documento, la liquidación del IVA de 2017 es un problema generado por el ministro Cristóbal Montoro que PP y Ciudadanos impidieron solucionar, al rechazar la propuesta del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas.
Para el Gobierno, las comunidades no han realizado recortes por el efecto de la liquidación del IVA de 2017, sino que han gastado ese dinero.
Por tanto, en lo que se ha traducido el efecto del IVA es en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores.
Según el documento de Hacienda, ahora no es posible revisar la liquidación del año 2017 y por ello la propuesta de medidas paliativas.
El Gobierno también ha planteado que si una comunidad tras descontar el efecto del IVA cumple con el objetivo de déficit no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF).
Y además del extra FLA, si las comunidades se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera.
Eso implica poder compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.
Malestar de las autonomías
Ante esta situación, la mayoría de comunidades autónomas que han acudido al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) han insistido en reclamar el IVA de 2017 pendiente y en desligarlo al déficit del 0,2% del PIB que les va a ofrecer Hacienda para este año, porque son conceptos diferentes y no se pueden compensar.
Así se ha expresado por ejemplo la consejera socialista de Baleares, Rosario Sánchez Grau, quien ha dejado claro que no se puede pretender compensar a las autonomías permitiéndoles más déficit este año a cambio de no abonarles los 2.500 millones del IVA del 2017 que en conjunto les adeuda Hacienda.
«El déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019», ha zanjado la consejera. Este gobierno como otros no descarta la vía judicial para reclamar el cobro, pero Sánchez Grau ha subrayado que todavía no dan por cerrada la vía política.
En términos parecidos se han manifestado los 'poulares' Javier Fernández-Lasquetty (Madrid) y Valeriano Martínez (Galicia). Este último ha recalcado que déficit e IVA son «conceptos distintos"; entre otras cosas, ha recalcado que permitir más déficit es permitir más deuda, cuando los fondos del IVA eran recaudación.
«No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda. Esto hay que devolverlo, devolver lo que era nuestro en origen, no es lo mismo», ha criticado.
Con respecto al déficit, Lasquetty ha criticado también que en la reunión preparatoria del CPFF celebrada esta mañana no se haya avanzado esta flexibilización y se haya filtrado después a los medios de comunciación --"asombroso"--, y ha dicho que su gobierno no quiere poder endeudarse más sino cobrar los fondos que le corresponden. LASQUETTY
El consejero madrileño ha aprovechado además para censurar la negociación del Gobierno con Cataluña, «una negociación bilateral con los independentistas catalanes para darles dinero cuando lo que quieren es la independencia».
El consejero de Hacienda de Andalucía, el 'popular' Juan Bravo, se ha presentado en este Consejo reclamando una solución para el IVA de 2017 y ha insistido en la idea de desligarlo del déficit. Ha criticado que se permita endeudarse a las comunidades autónomas que «tendrán que pagar las futuras generaciones».
«Queremos que nos paguen lo que nos deben, no queremos que nos hagan generar más deuda, queremos que nos financien como corresponde», ha subrayado el consejero andaluz, que ha asegurado que se ha enterado de esta ampliación del déficit por la prensa.
Medida paliativa
En esta misma línea se ha referido el también 'popular' Javier Celdrán Lorente (Murcia) quien considera que esta medida «paliativa» corresponde a una maniobra del Ejecutivo para «contentar» a las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que se han declarado «en rebeldía» por el IVA.
Por ello, se ha mostrado en línea con el resto de dirigentes 'populares' que han acudido a este Consejo de Político Fiscal y Financiero y ha censurado esta medida anunciada por el ministerio de Hacienda, que bajo su criterio es «insuficiente» habida cuenta de que el problema es el de la falta de financiación.
Otras comunidades del PSOE han llegado dispuestas a reclamar el IVA pero se han mostrado más confiadas en que la política solucione el debate. La asturiana Ana Cárcaba ha dicho que espera escuchar a la ministra antes de opinar sobre el 0,2 de déficit o el IVA, aunque ha apuntado que «cualquier medida que sea capaz de compensar será bienvenida».
El también socialista Vicent Soler (Comunidad Valenciana) ha tachado de «cambio sustancial» que se permita a las comunidades endeudarse un 0,2 por ciento frente a la «política austericida» del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. «Si se confirma esa cifra, es un paso adelante», ha señalado.
Soler también ha separado el cobro del IVA de 2017 de esta propuesta de déficit por parte del Ministerio de Hacienda, pero se ha mostrado menos beligerante que otros consejeros; en su opinión, en el caso de que se puedan sumar ambos asuntos, «sería estupendo».
Desde Castilla La Mancha, el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina, ha desvinculado también ambas cosas, y ha insistido en exigir al Ministerio de Hacienda «la deuda» que mantiene con la comunidad castellanomanchega respecto al IVA de 2017. Su gobierno ha decidido llevar el asunto a los tribunales.
No obstante, ha aplaudido la propuesta del Ministerio de Hacienda de aumentar el déficit el 0,2 por ciento porque considera que se permite a las comunidades a llegar a un «equilibrio presupuestario».
Cataluña
La directora de Economía de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas, representa hoy a su gobierno en el CPFF sin voz ni voto al no ser consejera. Con respecto al IVA, ha dicho que espera escuchar qué explica la ministra de Hacienda porque las comunidades quieren recibir «recursos que les corresponden y que se retienen de forma irregular».
Mas ha criticado la convocatoria del Consejo con dos días de antelación y sin compartir previamente información. Ha dicho que cualquier ampliación del margen de déficit «sería una mejora» para las comunidades, pero el problema a su juicio sigue siendo la distribución entre administraciones del objetivo total del país, que obliga a las CCAA a más restricciones.
La directora de Economía ha dicho también que Cataluña reclama otras cuestiones más allá del déficit y que son ingresos que el Gobierno debería abonar a su comunidad, para pagar los Mossos, la dependencia o las inversiones previstas en el Estatut. «Exigimos que terminen estos incumplimientos», ha dicho.