El proyecto de ampliación del aeropuerto de Palma que tiene sobre la mesa AENA ha desatado las críticas de parte de algunos sectores de la sociedad, que ven con reticencias estas obras. La oposición no es tanto por las dimensiones del proyecto, pues no implica mayor consumo de territorio, sino por los temores de que esconda un aumento de la capacidad de aviones y, por tanto, de pasajeros, posibilidad que desde AENA han negado. Precisamente con el fin de conocer con más detalle el proyecto, que está en exposición pública, a mediados de este mes el presidente de la Comissió Balear de Medi Ambient, Antoni Alorda, se reunirá con directivos de AENA y ENAIRE.
Este organismo dependiente del Govern deberá de emitir un informe de evaluación de impacto ambiental, si bien no es vinculante. La portavoz del Govern, Pilar Costa, se mostró partidaria ayer de un «crecimiento lo máximo sostenible posible y proporcional con las necesidades» de Baleares, mientras que el vicepresidente Juan Pedro Yllanes fue más crítico a través de su cuenta de Twitter: «Este proyecto de ampliación va en contra de los objetivos de la ley de cambio climático», sostuvo.
El Govern, sin embargo, no adpotó ningún acuerdo referido a este asunto, que se centró en la aprobación de un decreto ley que establece un nuevo marco normativo para el ParcBit, limita sus usos comerciales y se centra en aquello para lo que fue creado en 2002: ser un vivero de empresas de alta tecnología e incentivar la innovación en Balears.
El ParcBit tiene 175 empresas y emplea a 3.000 personas
Actualmente, hay 175 empresas instaladas en el ParcBit, las cuales suman más de 3.000 puestos de trabajo y unos niveles de facturación que superan los 1.000 millones de euros anuales, según destaca la Conselleria d'Administracións Públiques.
Con el nuevo decreto se simplifican las medidas para que se instalen nuevos proyectos aunque también se incide en la calidad y en que las empresas tengan que ver con la tecnología y supongan la consolidación de proyectos innovadores.