La antigua cúpula de la difunta Sa Nostra se enfrenta a un segundo proceso en la Audiencia Nacional que desembocará en juicio. El juzgado Central de Instrucción 1 ha procesado a la antigua cúpula de la entidad, entre ellos los dos exdirectores generales, Pau Dols y Pere Batle y el expresidente, Fernando Alzamora. Todos ellos han recurrido contra la decisión judicial y solicitan el archivo de las actuaciones. En este caso, el juez sí ve indicios de una actuación delictiva en una serie de préstamos concedidos al Grupo Sotohermoso, con intereses inmobiliarios en Huelva a través de Invernostra, una de las filiales de la entidad financiera.
Estas operaciones se comenzaron a investigar a la vez que la financiación concedida al grupo Martín Gual, un asunto por el que ya hay abierto juicio oral y que espera que se fije fecha para la vista. El Banco de España llevó a los juzgados estas dos operaciones porque consideraba que se dieron sin tener en cuenta los riesgos que asumía la entidad y de forma opacta.
La Fiscalía y el resto de acusaciones que se encuentran personadas, entre ellas Bankia, la entidad que sucedió a Sa Nostra, tienen ahora que decidir si llevan a juicio por esta operación a los directivos investigados. En el otro caso, el de la operación de Son Bordoy, el ministerio público reclama penas de cuatro años de prisión a los antiguos directores generales de sa Nostra Pau Dols y Pere Batle por delitos de apropiación indebida y administración desleal. También reclama esa misma condena para el exdirectivo de la empresa de la caja Invernostra, Rafael Oliver. Para el cuarto acusado, el directivo de las empresas de Gual, Javier Collado, se reclaman dos años y medio de cárcel.
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En el procedimiento de Son Bordoy, el juez ya exculpó al resto de investigados, entre ellos Alzamora, al considerar que el consejo de administración de la entidad no participó de forma activa en la decisión de financiar las inversiones sino que estas venían directamente desde Invernostra. Hasta 21 exconsejeros de la entidad llegaron a estar imputados. En este procedimiento, Bankia reclama hasta 125 millones de euros a los acusados y a las sociedades que figuran como responsables civiles. La Sareb, personada como perjudicado tras intervenir en el proceso de reestructuración, también reclama esa cantidad.
El auto de la Audiencia Nacional dictado ahora estima que la operación en Huelva provocó un perjuicio económico a la entidad financiera superior a los 60 millones de euros. La financiación de ese proyecto fallido se llevó a cabo en pleno ‘boom' del ladrillo, en el año 2006, si bien se mantuvieron algunas líneas hasta 2010, cuando Sa Nostra fue rescatada e inició el proceso que llevó a su disolución dentro de Bankia.
En torno a la extinta caja de ahorros hubo un tercer procedimiento judicial ante la Audiencia Nacional por la venta de una serie de inmuebles históricos a la sociedad Atela. Esta operación fue archivada por el magistrado instructor que entendió que había prescrito.
La Audiencia Nacional ha llevado a cabo varios procedimientos que han terminado en juicios contra responsables de numerosas cajas de ahorro tras la quiebre generalizada de la mayoría de ellas durante la crisis.
Pendiente de fecha de juicio
El procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacioanl de Son Bordoy continúa a la espera de que la Sala de lo Penal fije la fecha de juicio y dicte auto de admisión de prueba.
La causa continúa después de la muerte de uno de los acusados, el empresario Martín Gual, que se quitó la vida. La Audiencia ha declarado extinta su responsabilidad penal.