Los delitos contra la indemnidad sexual contra menores «han experimentado un notable aumento», sobre todo en el apartado de abusos sexuales a niños de menos de 16 años, que ha pasado de 49 a 80 casos, o de agresión sexual, que pasa de 7 a 24, según la última memoria publicada por la Fiscalía de Baleares referida a los datos de 2018 y en comparación con el informe de 2017.
En este sentido, el fiscal de menores José Díaz Capa admite «comunicaciones constantes sobre la explotación de menores captados en centros de protección», como los hechos públicos esta semana por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). Según el informe, gracias a las notificaciones se han abierto procedimientos contra adultos, así como contra menores colaboradores en las funciones de captación. La Fiscalía tramitó en 2018 tres diligencias por explotación de menores.
Según fuentes consultadas entre expertos en menores del ámbito judicial, «antes lo veíamos como hechos aislados y ahora la percepción es que hay un auténtico fenómeno social de peso y calado». Señalan que hace tres años se produjo un cambio de tendencia respecto a los casos de abuso, agresión y explotación de menores de entre 14 y 18 años. El punto de inflexión es multifactorial. El responsable de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, Serafín Carballo, advierte de algunos como la cultura del consumismo compulsivo de las nuevas generaciones, que quieren más, la mercantilización de la sociedad y la pedofilia, «la responsabilidad es del adulto, que de forma activa manipula al menor», advierte. Carballo alerta de que «esto sucede aquí y ahora» y pide a la sociedad que sea capaz de rearmarse. «Los jóvenes se fían más de un desconocido en la red que de sus propios padres», alerta.
Otro factor determinante es la violencia de género, «las víctimas son cada vez más jóvenes y muchas veces terminan cayendo en la explotación», inciden desde Justicia. «Los chicos inducen a las chicas diciendo que así se darán una vidorra o les comprarán ropa...».
La directora insular de Infancia y Familia, María Ángeles Fernández, explicó que cuando se detecta a una menor de un centros tutelado con un móvil nuevo, cambio de ropa e incluso un tatuaje, ya saltan todas las alarmas ante la sospecha de que esté siendo víctima de explotación. Según un experto en delitos contra menores, «tengo el convencimiento de que estamos ante una epidemia social». Asegura que como en otros casos comienza por las personas más vulnerables, como son las que están en los circuitos de protección «o deberían estar», y se extiende por toda la sociedad. «¿Sabes lo que pasó con la heroína en los años 90, que empezó por las capas bajas y fue llegando a la casa del médico o del notario? Lo mismo».
Cuesta denunciarlo
Desde el ámbito de la Justicia advierten de que muchos casos no se denuncian y que la principal detección viene por la vía sanitaria. Las víctimas pasan por situaciones de autoengaño o frustración. «En las primeras fases de explotación no denuncian porque en sus relaciones destructivas sienten el hogar que no han tenido y eso satisface sus necesidades afectivas de ser aceptadas», explica un conocedor de este tipo de situaciones.
Tras pasar este primer periodo, otro tipo de reacción es el pánico. «Las hay que tienen verdadero miedo porque creen que su grupo natural –como es la familia, el vecindario o el colegio– las van a repudiar y los parámetros culturales no obran a favor, pues se tiende a dar la culpa a la víctima, no al proxeneta», advierte.