Los centros educativos de Baleares han acumulado desde hace años más de 20 millones de euros de remanentes, es decir, dinero que tienen en sus cuentas y que no se han gastado, según ha informado la Conselleria de Educación, Universidad e Investigación en una nota de prensa.
En este sentido, la Ley de presupuestos de la Comunidad para 2020 tiene en cuenta esta circunstancia y ha incorporado una modificación por la cual el importe de los remanentes de los años anteriores se tiene que incorporar, si se tercia, al ejercicio corriente.
Más concretamente, cuando el remanente anterior sobrepase el 10 por ciento de las asignaciones procedentes de la Conselleria esta podrá detraerse de la asignación del ejercicio siguiente una cuantía equivalente a este exceso.
Desde el Govern han defendido que, con esta modificación, «en ningún caso» se ve afectada la capacidad de los centros para atender las necesidades de su gestión económica y han añadido que aquellos que han visto reducida su dotación en relación al año pasado es porque «cuentan con remanente más que suficiente para atender a sus necesidades».
Los centros educativos han recibido este miércoles la cantidad que les corresponde del presupuesto de 2020. Aquellos centros que, como mínimo, tienen acumulado como remanente el 10 por ciento más de la cantidad que recibieron el 2019 verán modificada su dotación para 2020, con un límite máximo del 66 por ciento.
Los centros que se ven afectados por el límite máximo son, en su inmensa mayoría, centros que acumulan un remanente que duplica o incluso triplica la asignación que recibieron el 2019.
Desde la Conselleria han explicado que para hacer el cálculo se ha valorado el remanente a inicio de año, el saldo a final de año y los fondos finalistas. Este cálculo se ha hecho centro por centro.
En total, una vez hechos estos cálculos, el 2020 se destinan 8.700.000 euros al funcionamiento de los centros. En este sentido, desde el Govern han explicado que «no se ha producido ningún bloqueo del dinero» que reciben los centros, sino que se ha aplicado la normativa actual y se ha pedido que no acumulen remanentes en la línea de lo que tiene que caracterizar una gestión económica propia de la administración pública.