Una decena de okupas fueron expulsados este lunes por orden judicial de dos fincas de cuatro alturas a poco más de cien metros de la Plaça de Cort. Un juzgado de Instrucción ejecutó el desahucio del grupo tras más de un año de procedimiento, después de que uno de ellos fuera condenado por un delito leve de usurpación.
La comisión judicial llegó a la calle de San Bartolomé secundada por una decena de agentes de la Policía Local de Palma y operarios contratados por la propiedad. El desalojo se produjo sin resistencia por parte del grupo que, durante horas apilaron maletas, bicicletas y objetos de todo tipo en la calle para llevárselos con ellos además de varios animales domésticos.
La propiedad de las dos fincas, que se comunican entre sí, denunciaron hace más de doce meses a uno de los ocupantes, el único que había sido identificado. En el juicio por delito leve no negó la entrada en el inmueble ni que residiera en él sin ningún tipo de alquiler ni cesión. Se escudaba en que las viviendas se encontraban vacías y negaba haber cometido delito alguno. Aunque fue condenado en primera instancia apeló la sentencia ante la Audiencia Provincial y, hasta que la resolución judicial no ha sido firme no se ha ordenado el desalojo de la finca. Además de marcharse tendrá que hacer frente a una condena de multa.
La propiedad instó en varias ocasiones el desalojo cautelar del inmueble, una posibilidad que fue descartada por el juzgado. El acceso a la vivienda quedó cerrado para evitar una nueva entrada una vez recobrada la posesión por parte de la propiedad, que es un particular.
La expulsión de okupas por procedimientos penales es una de las dos opciones legales que tienen los propietarios. En el tercer trimestre del año pasado se instaron en la vía civil 41 nuevos casos de los que casi un centenar estaban pendientes, según datos del CGPJ.