La investigación que la Oficina Anticorrpució abrió este verano sobre las retribuciones a los Bombers de Mallorca apunta a una posible malversación de caudales públicos, a un fraude a la seguridad social y a una posible prevaricación, entre otros incumplimientos de la legalidad.
El director de la Oficina, Jaime Far, dictó en noviembre una resolución en la que dio por finalizadas las pesquisas para determinar la verosimilitud de la denuncia recibida (sobre estos pagos) y acordó iniciar actuaciones tendentes al «esclarecimiento de los hechos y a la determinación de su alcance, así como de sus posibles responsables».
La Oficina Anticorrupció advierte de una posible trama que se inició en 2005 en el departamento de Emergències. Aquel año, el Consell incrementó las dotaciones mínimas de bomberos en los parques pero no contrató nuevo pesonal, sino que instauró unos refuerzos de 24 horas (a cargo del presonal diponsible) que luego abonó como complemento de productividad y no como horas extra o gratificaciones, que según la Oficina Anticorrupció habría sido lo correcto legalmente, aunque igualmente se tendrían que haber limitado. Ello permitía hacer más horas (retribuidas) a los trabajadores y al Consell le salía más económico.
«A cambio de la paz social»
Anticorrupció señala que sindicatos y Administración habrían cooperado en la hipotética trama. La Oficina apunta que se pactaron aumentos de jornada que los liberados sindicalistas no hacían, que había ampliaciones de jornada que gestores y sargentos cobraban sin hacer o que el incumplimiento de los descansos puso en grave riesgo la salud de los bomberos. Entre otras irregularidades, añade que se subieron sus retribuciones «a cambio de firmar la paz social».
La Oficina enumera cuatro posibles delitos o vulneraciones de la ley: malversación de caudales públicos (4 millones anuales durante 14 años), fraude a la Seguridad Social (al no cotizarse por el concepto de horas extra), posible prevaricación (habría una finalidad: lucrarse a costa de no contratar) e inseguridad e insalubridad de los trabajadores (porque no se respetaba la normativa sobre descansos).
Otras consecuencias enumeradas por Far son una «mala gestión económico administrativa» del departamento de Emergències y el tener un «servicio desmotivado y poco eficiente», dado que «solo se mira por hacer más horas y lucrarse».