La Fiscalía reclama una condena de dos años de cárcel por coacciones al propietario de un piso de Son Gotleu que cortó en tres ocasiones la luz a su inquilina por no pagarle las rentas. El hombre fue juzgado este martes en Palma por un delito de coacciones y defiende su inocencia, además de plantear que, en realidad no existía un contrato de alquiler sino que la víctima era realmente una okupa que además tenía subarrendada la vivienda, si bien se negó a contestar a ninguna pregunta en el juicio.
La denuncia se tramitó en los juzgados a finales del año pasado. La víctima alega que tenía un contrato de alquiler verbal con el acusado pero que, tras pagar varias veces las rentas tuvo que dejar de hacerlo y admitió que llevaba meses sin abonar el alquiler.
Señaló que, como represalia, le cortaron en tres ocasiones la luz como medida de presión para que llevara a cabo los pagos. En ese momento no se inició un procedimiento de desahucio en un Juzgado de Primera Instancia por parte de la propiedad del inmueble, que sí ha ejercido acciones civiles para recuperar la posesión del piso pero con posterioridad a los cortes de suministro eléctrico.
Coacciones
Así, el ministerio público mantuvo tras las declaraciones que lo ocurrido constituye un delito de coacciones porque el corte de suministro tenía como intención que la víctima dejara la vivienda o presionarla para pagar las cuotas en lugar de acudir a los mecanismos legales para afrontar una situación de impago del alquiler.
Además, como el corte de suministro se produce en la vivienda habitual de la víctima, la pena a imponer mínima sería de un año y medio de prisión. Junto a la pena de dos años, la Fiscalía reclama el pago de una multa de 3.000 euros. La defensa reclama la absolución del acusado.