La Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha aplazado la primera prueba de las oposiciones del cuerpo de gestión de la Comunidad autónoma, que estaba prevista para el 14 de diciembre, de aquí a «dos o tres meses» pues actualmente no se puede «garantizar con total seguridad que no se haya roto la cadena de custodia de alguna documentación» utilizada para el proceso selectivo.
Según han explicado, el aplazamiento ha sido solicitado por el tribunal encargado de la gestión de las pruebas y, tal como han remarcado «en ningún caso se puede considerar que esta documentación sea un examen, ya que la prueba aún no estaba confeccionada».
Desde la EBAP han señalado que la documentación que se podría haber visto afectada por la rotura de la cadena de custodia «es documentación previa o preparatoria de las pruebas».
Así, detallan que la rotura de la cadena de custodia podría haber supuesto una exposición de documentación relacionada con las pruebas a personas no interesadas.
A pesar de lo sucedido, aseguran que ello «no afecta en absoluto» a otros procesos de oposiciones en marcha ya que «cada proceso es independiente del resto y los tribunales responsables también».
Para cada cuerpo y cada prueba se elaboran preguntas ex profeso, proceso que se hace mediante material independiente para cada cuerpo. Hasta ahora, indican que no hay ninguna evidencia de que haya habido «una sustracción o intencionalidad en la obtención de la documentación». En caso de que se comprobara algún tipo de irregularidad, se tomarían las medidas oportunas.
Con esto, explican que el aplazamiento de las pruebas hasta dentro de «dos o tres meses» es la «garantía necesaria para poder elaborar nuevos materiales y preguntas para las pruebas del cuerpo de gestión.
Para la EBAP, el aplazamiento garantiza los principios de igualdad, méritos y oportunidades que tienen los aspirantes a las pruebas y explican que ante cualquier indicio o posibilidad de irregularidad o alteración del proceso, la única opción es volver a empezar todo el proceso de redacción de las pruebas.
La decisión tomada por el tribunal de este proceso de oposiciones es compartida por este ente. Una vez más, lamentamos las molestias que este hecho pueda haber causado a los opositores.
Por parte del Sindicato nacional de trabajadores temporales de la administración (Sintta) en Baleares se ha registrado un escrito ante la EBAP para se proceda al aplazamiento suspensión de la prueba «hasta que se acredite que la base de datos del examen son nuevas y que se verifique que en la convocatoria «no se han producido las mismas irregularidades que las detectadas por el tribunal del Cuerpo de gestión.
Desde el sindicato también se quiere conocer de qué forma exacta ha sido comprometida la cadena de custodia de la documentación relacionada con el proceso selectivo al Cuerpo de gestión; cuándo han tenido constancia de tal incidencia y cuál es la forma de custodiar los exámenes de las convocatorias de los procesos selectivos del Cuerpo de gestión y Cuerpo superior, con el que, según explican, se comparte el 95 por ciento del temario.
En este sentido, indican que se ha producido el «escándalo» con la oposición de gestión con tres plazas, pero la filtración de las preguntas sirve para Superior que oferta 52 plazas.
También piden que en el caso de custodiar los exámenes bajo taquillas con llave, les interesa que se les informe de cuantas llaves hay para cada taquilla y qué personas concretas tienen una llave para su acceso. Y lo mismo respecto al usb o soporte informático en el que se almacenan las preguntas.
Además, recuerdan que «la negligencia» de un funcionario en la custodia constituye una infracción administrativa disciplinaria y que los políticos «son los últimos responsables de permitir unas oposiciones irregulares».
Por otra parte, reclaman que se excluya de forma inmediata del proceso selectivo a los cuatro aspirantes admitidos de forma condicional «por no disponer del certificado de catalán declarado como válido en las bases generales y en la propia convocatoria del proceso selectivo referenciado, ya que, tal como consideran, «podría tratarse de un caso de trato de favor».