Distintos colectivos estudiantiles de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han censurado «la incompetencia y la pasividad» de la Universidad durante «todo el proceso de acoso», así como la «complicidad» en el caso del profesor condenado por coacciones a una compañera para que dejara su docencia de la asignatura Antropología.
En el escrito, firmado por la Comissió Feminista UIB, SEPC-UIB, la Associació de Representants de Psicologia, Estudiants pel Canvi,Joves de Mallorca per la Llengua y Fridays for Future Mallorca, exigen la expulsión inmediata de este profesor y de otro, que también estuvo acusado en la causa pero quedó absuelto.
Según escriben, «no se puede permitir ni tolerar» la presencia de estas personas en un ámbito educativo donde «supuestamente se condena la violencia machista y se defiende la igualdad entre personas».
Los estudiantes consideran que con este caso se evidencia que mecanismos como el Plan de Igualdad o el departamento de Igualdad de Género, integrado dentro Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad Saludable, «no son más que órganos vacíos de contenido y francamente ineficientes» pues «no se han posicionado ni han defendido en ningún momento los derechos de la agredida».
Por su lado, la UIB ha comunicado a Miguel Beltrán, el profesor condenado por las coacciones que debe trasladar su despacho al edificio de Sa Riera, que se encuentra fuera del campus universitario de la carretera de Valldemossa.
La UIB tomó esta decisión de trasladar el despacho «en el seno de un procedimiento administrativo propio» pero no en acatamiento de la condena pues, según argumentan, no es firme. En su momento, la UIB explicó también que si, posteriormente, se debe cumplir la orden de alejamiento con «más efectividad» se tomarían otras medidas.
El pasado 31 de octubre la Audiencia Provincial dictó una sentencia por la que se condena a Beltrán -que es catedrático de Ética- por un delito de coacciones a seis meses de prisión, y confirma la orden de alejamiento de dos años, impuesta por el Juzgado de lo Penal número 4 de Palma, en sentencia del 8 de julio de 2019.
La sentencia, que no es firme, da por probados varios ataques verbales, persecuciones e insultos sufridos durante años por la profesora dentro del ámbito de la UIB, por parte del profesor. También reconoce que la motivación última es la de «presionarla a dejar su docencia de la asignatura Antropología».