Mateu Morro es un histórico de la política balear vinculado siempre a la izquierda nacionalista. Entre 1990 y 2001 fue alcalde de Santa Maria del Camí y, posteriormente, entre 2000 y 2003, conseller de Agricultura. A finales del pasado mes de julio la nueva titular de Agricultura, Mae de la Concha, lo nombró gerente del Fondo de Garantía Agraria de las Illes Balears (FOGAIBA), organismo encargado de otorgar las subvenciones y ayudas a agricultores y pescadores.
¿Cómo ha sido su incorporación al FOGAIBA?
—De momento estoy muy satisfecho. Ya conocía la institución porque he tenido mucha relación con la administración agraria. Hay un excelente grupo de profesionales. Dentro del nuevo equipo de la Conselleria también me encuentro cómodo. Tenemos por delante unos retos interesantes que afrontamos con ganas y coraje.
Usted es un histórico del Més y la Conselleria está en manos de Unidas Podemos. ¿Cómo ha visto su partido este cambio?
—Mi percepción es que en general bien. Me han animado a hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Estamos en un nuevo periodo legislativo y hay mucha gente que quiere avanzar. Sé cuál es mi capacidad de actuación: trabajar de acuerdo con las indicaciones que establece mi consellera.
¿Cuántos expedientes encontró sin resolver de la pasada legislatura?
—Más de 6.000. Ciertamente, hay varias líneas de ayudas que presentan problemas. Algunas tienen un retraso histórico que se había acentuado los últimos años. Ahora tenemos resueltas todas las acumuladas de 2017, que eran unas 500, y ya estamos revisando las registradas en 2018 y 2019.
¿Cuál es la situación de estos expedientes sin asignar ?
—Todavía tenemos aproximadamente 5.500 expedientes acumulados por revisar. Ya estamos trabajando con las solicitudes del año pasado y de este. Nuestro plan de trabajo es intentar acabar con los de 2018 este año y en el primer semestre de 2020 resolver los de 2019.
¿Quién es el responsable de estos retrasos ?
—Uno de los culpables es el continuo cambio de las normativas de las ayudas agrarias. La PAC (Política Agraria Común) se negocia cada cinco años y ahora hemos entrado en periodo de negociación, lo que siempre lleva una adaptación. Otro problema ha venido con las ayudas del PDR (Plan de Desarrollo Rural), que son las que vienen directas, para causas concretas; ya sea para la compra de un tractor como para la incorporación de nuevos agricultores. En estas últimas se han dado los retrasos. Estamos hablando de miles de expedientes. Otra causa de las demoras es el mecanismo en sí de las asignaciones. Finalmente están los beneficiarios, que a veces se retrasan en la presentación de documentación.
¿Cuál es el montante económico de las ayudas pendientes?
—Es muy difícil calcularlo porque aún no está revisado ni asignado. La única cifra que puedo confirmar es que el total de ayudas resueltas entre finales de julio y septiembre de este año suma algo más de cinco millones de euros.
¿Ha crecido la demanda de subvenciones?
—Podríamos decir que se ha duplicado, hecho que se tiene que valorar positivamente. Hay que destacar que la Comunitat balear ha pasado a considerarse ‘zona desfavorecida' cuando antes sólo lo eran la Serra de Tramuntana, Menorca, Eivissa y Formentera. Se reconocen unas dificultades extras para el sector primario. Esto permite aumentar el número de ayudas, pero también hay más expedientes, más volumen de trabajo y más retrasos.
¿Qué problemas se derivan de estas demoras?
— Dificulta a los pagesos el desarrollo de su actividad. Es la línea que permite al agricultor invertir en su finca, es decir, acciones como comprar maquinaria, mejorar la explotación, plantar árboles, etcétera. Estas subvenciones son las más importantes para el colectivo.
¿La 'pagesia' podría sobrevivir sin subvenciones públicas?
—Podría sobrevivir si no tuviéramos en cuenta el factor de los mercados mundiales. El agricultor local compite con países cuyas normativas son diferentes y donde la producción tiene costes más bajos. Por eso Europa ha generado el mecanismo de las ayudas. La Unión quiere que sus productores puedan trabajar en igualdad con otros países del mundo. De todos modos, las ayudas sólo suponen una parte de la inversión, el resto lo tiene que aportar el beneficiado de forma privada. Las subvenciones hacen que las explotaciones sean rentables.
¿La insularidad representa un problema añadido para el sector?
—Sí, y la consellera de Agricultura ya consiguió que se aprobase en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley a favor de que la nueva PAC contemple la insularidad. Nosotros lo tenemos muy claro. Hay que conseguir que nos reconozcan el hecho insular a través de un Régimen Especial Agrario que trate de una forma justa el problema añadido que padecen nuestros agricultores.
¿Cómo se formularía?
—Este Régimen debe reconocer en primer lugar los sobrecostes de la actividad agraria, que tiene que importar de la Península muchos productos, y en segundo lugar el precio a pagar por la exportación.
¿Deberíamos ser como Canarias?
—No es lo mismo. Canarias está considerada Región Ultraperiférica. En el caso concreto de la agricultura hay otros países que sí contemplan la insularidad. Un buen ejemplo a seguir son las islas del Egeo, en Grecia. La estrategia estatal será la que marque estas ayudas. Hay que compensar el precio del transporte entre el continente y las islas.