La Asociación de Salas de Fiestas, Discotecas y Similares de Baleares (Abone) denuncia la pasividad de los ayuntamientos de las Islas, pero especialmente el de Palma, al no querer cumplir la normativa vigente sobre instalaciones, accesos y ejercicio de actividades lúdicas y de ocio, lo que se ha traducido en una proliferación de todo tipo de eventos ilegales que afectan a la actividad económica de las empresas legalizadas.
El presidente de Abone, Jesús Sánchez, afirma: «La situación se ha vuelto insostenible, principalmente porque la competencia ilegal provoca ya en estos momentos una caída del 40 % en la actividad de las empresas de ocio, lo que llega a afectar a su viabilidad futura».
Abone, ante la proliferación ilegal de todo tipo de eventos al margen de la ley vigente, ha realizado una encuesta entre las 82 empresas asociadas de este sector, en la que la mayoría (el noventa por ciento) indica que su principal problema es la competencia desleal a la que se enfrentan desde hace años.
Actividades
Sánchez afirma que mantiene contactos con los ayuntamientos implicados. En el caso de Palma puntualiza: «Tenemos detectados más de 200 establecimientos que organizan todo tipo de eventos y actividades lúdicas y de ocio al margen de la ley».
Abone indica que en estos momentos se organizan actos en casas privadas, librerías, establecimientos hoteleros, en bares (el popular tardeo) y en solares públicos donde se programan fiestas ilegales que incumplen la Ley 7/2013, que es la que regula todo este tipo de servicios.
Sobre el Ajuntament de Palma, ante la proliferación de ilegalidades, Sánchez señala que «los servicios de Inspección de Cort han bajado sus niveles de control a la hora de vigilar las actividades musicales en locales. Aquí incluimos el tardeo, que requiere de una licencia específica para poder hacerlo».
El principal problema de la desidia de los ayuntamientos es, según explica el presidente de Abone, «la proliferación de todo tipo de anuncios que publicitan fiestas variopintas sin licencia alguna y, además, hay establecimientos que sin disponer de medidas de seguridad las organizan con total impunidad».
Sánchez enfatiza que el Ajuntament de Palma incumple de forma reiterada la ley 8/2012, que regula los horarios de apertura al público, las condiciones de los locales, emplazamientos e instalación en los mismos de la oferta de entretenimiento y restauración. Las zonas que más incumplen la normativa son la Platja de Palma, en la que hay presentadas varias denuncias contra establecimientos de restauración, y en las barriadas ubicadas en el centro de la ciudad.
Otro sector que está fuera de control, según Abone, es el de la organización de espectáculos en salas que no tienen licencia para ellos o fiestas organizadas por empresas en lugares que tienen otro uso y programan actuaciones musicales o festivales al margen de la ley.