El juzgado de Instrucción 7 de Palma tramita la denuncia presentada por la Asociación de Navegantes del Mediterráneo contra la Conselleria de Medi Ambient del Govern por ignorar vertidos de aguas contaminadas al mar. El instructor, a petición de la Fiscalía, ha oficiado al Seprona de la Guardia Civil para que analice una serie de documentación reclamada al Ejecutivo autonómico. El magistrado y la Fiscalía quieren aclarar si algún funcionario o cargo político del Govern pudo cometer un delito de prevaricación por omisión al no perseguir y sancionar los vertidos de aguas fecales que se producen en la Bahía de Palma como consecuencia del mal funcionamiento de la depuradora, que depende de Emaya.
La denuncia inicial planteaba esa posibilidad ante el hecho de que las embarcaciones que realizan vertidos sí son sancionadas por la Administración autonómica.
Esta causa se tramita en paralelo a la que se sigue en el juzgado de Instrucción 12 por la actuación de los responsables de Emaya por un delito contra el medio ambiente, que está mucho más avanzada. En este caso, la Guardia Civil llevó a cabo una serie de diligencias, que incluyen pinchazos telefónicos y registros, y que se centran en la antigua cúpula de la empresa pública municipal. La principal investigada es la ahora concejal de Modelo de Ciudad, Neus Truyols. El juzgado ya levantó el secreto de sumario de las actuaciones pero aún no ha fijado un calendario para las declaraciones de los investigados porque está a la espera de recibir los resultados de varios análisis de aguas que se realizan en Madrid.