La consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, acaba de ordenar al resto de consellers que no aprueben nuevo gasto hasta final de año y que solo autoricen todo aquel gasto que ya estaba comprometido con anterioridad. Se trata de una medida de contención del gasto ya que esta orden llega habitualmente en noviembre.
Solo quedan exonerados de esta medida gastos imprescindibles que deba hacer el IB-Salut y el Butlletí Oficial de les Illes Balears ampliaba este jueves los supuestos de exoneración para el IB-Salut. Fuentes de la Conselleria reconocen que se trata del bloqueo de nuevo gasto corriente de forma que los consellers solo podrán autorizar todo aquello previamente comprometido.
En caso de que las conselleries requieran aprobar nuevos gastos, deberán tener la autorización de la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez. La propia consellera ya aseguró en el debate parlamentario del techo de gasto que los gastos esenciales de las conselleries están prácticamente comprometidos a estas alturas del año.
También precisó que estas propuestas de ajuste no afectarán a los servicios públicos esenciales. Desde Hisenda aseguran que la contención y el control del gasto es compatible con el «compromiso» con las políticas sociales del Govern.
Las medidas de ajuste se enmarcan en la política de contención del gasto derivada del aumento de gasto el año pasado y de la caída de ingresos tributarios de este año.
Para acabar en parte con este problema, el Govern confía en que el Consejo de Ministros dé en breve el visto bueno para que enviar a las comunidades autónomas el dinero que les debe de financiación autonómica. Abogacía del Estado ya ha dado el visto bueno al pago de la parte que adeuda y no se descarta que la decisión se tome en la reunión que este viernes celebra el Gobierno.
Baleares recibiría 99 millones de los 4.500 que se adeuda a las autonomías, pero quedarían pendientes de cobro otros 78 millones en concepto de devolución del IVA.
Comunicación a Madrid
El Ejecutivo aún no ha entregado el documento en el que señala dónde se harán los ajustes a los que le obliga el Ministerio como consecuencia de haber superado en 270 millones el techo de gasto permitido para 2018. El documento debe entregarse para su aprobación al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero desde la Conselleria d'Hisenda se argumenta que no se ha hecho por las «circunstancias especiales» que supone tener un Gobierno que está en funciones.