El pasado verano, por primera vez, el Ministerio de Justicia instó a la Fiscalía General del Estado a que investigara a las agencias de vientres de alquiler que operan en España, una práctica prohibida pero que aprovecha vacíos legales para que cada año cientos de familias españolas recurran a ella en países donde sí se permite.
La situación es complicada. A día de hoy, España prohíbe la gestación subrogada de acuerdo con lo que parece el grueso de la opinión pública y entidades sociales, pero no impide que se realice en otros destinos para luego legalizarse la inscripción en un registro español.
El derecho humano que protege los vínculos familiares y el interés del menor priman frente al artículo 10 de la ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, que declara «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero». El mismo artículo dicta que el registro de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinado por el parto. Así que, a día de hoy, según la legislación española, «si hay compensación económica es un delito por venta ilegal y si no se trataría de un delito por adopción ilegal», explica la experta en Derecho Internacional Margalida Capellà.
Si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a los registros consulares a registrar a los recién nacidos, la duda es si el Estado está obligado, pues cada país obedece a una regulación diferente.
Aquellos que se aventuran a alquilar un vientre se exponen a no poder volver a entrar a su país con el niño porque no pueda ser inscrito en ningún lado.
El enredo legal deja muchas preguntas en el aire. ¿Es un derecho ser padre? «Es un deseo, como al que le amputan una pierna y le gustaría tener dos», ejemplifica la presidenta del Institut Balear de la Dona, Maria Duran.
Se trata de una materia desregulada aunque con limitaciones y que genera debate. Tanto desde el feminismo que considera esta práctica «un atentado contra la dignidad de la mujer»; al colectivo LGTBI, que defiende que sólo supone un 20 % de los casos y que, en Mallorca, no tiene una opinión oficial al respecto.
La psicoterapeuta Gabriela Bianco, formada en Prevención Psicosocial y Promoción de la Salud y en Terapia Familiar y de Pareja, recuerda que «la experiencia de vida prenatal y cómo la mujer vive de forma psicológica su embarazo es sumamente relevante para el desarrollo del bebé». Así pues, asegura, que el hecho de que no haya un vínculo afectivo «jugará un papel importante en el desarrollo de la personalidad de la criatura, así como en múltiples aspectos de su salud bio-psico-social y afectivo-relacional».