«Extremar la prudencia» ante el bloqueo político estatal, las incertidumbres económicas y la ralentización del crecimiento es la premisa con la que el Govern gestiona el presupuesto de 2019 y prepara las cuentas públicas de 2020, ha sostenido este martes la jefa del ejecutivo, Francina Armengol.
La presidenta del Govern ha comparecido en el pleno del Parlament para exponer su posición sobre la necesidad de mejorar la financiación de Baleares para afrontar el futuro con garantías y dar cuenta de la situación actual de las arcas públicas, que obliga a realizar ajustes del gasto «sin comprometer la mejora de los servicios públicos esenciales y los objetivos estratégicos».
Armengol ha pedido a los grupos un compromiso común para reclamar la mejora de la financiación de las autonomías y ha incidido en la importancia de que la percepción de los fondos procedentes del Estado no esté a expensas de la inestabilidad política coyuntural.
«No puede ser que nuestra sanidad y nuestra educación dependa de si hay gobierno en Madrid o de si esta en funciones o no», ha subrayado para defender un cambio en la Ley de Financiación.
Armengol ha puesto el acento en que el problema de fondo de la insuficiencia de los recursos económicos de la administración regional es una falta de financiación «histórica», que es la causa de 5.000 de los 9.000 millones de euros de deuda de Baleares y que tiene su origen en que «la descentralización administrativa no se ha acompañado de la descentralización de los ingresos».
Así, Baleares es la segunda comunidad en aportación relativa a las arcas estatales y la novena en percepción de la caja común, a pesar, además, de los perjuicios de la insularidad y del crecimiento demográfico, que supone una presión extra sobre los servicios públicos a la que se añade, además, la población flotante turística, ha planteado la presidenta.
Armengol ha indicado que, pese al incumplimiento de la regla de gasto en 2019 (una imposición estatal que considera injusta), la Comunidad sí se ajustó a los objetivos de déficit y deuda, y ha destacado el incremento de la inversión en sanidad, educación y servicios sociales durante la pasada legislatura.
En cuanto a la carencia de los 177 millones de euros comprometidos para este año debido al «bloqueo del Gobierno central», la líder socialista ha afirmado que tiene el compromiso de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para abonarlos este año.
Reacciones
El líder del PP, Biel Company, ha replicado el planteamiento de Armengol: «Usted sola hunde el barco, culpa a los otros y ahora pide que todos juntos lo saquemos a flote».
Para el portavoz del principal grupo de la oposición, el bloqueo de la formación del Gobierno es «un burdo chantaje de Pedro Sánchez al resto de partidos y a las Comunidades Autónomas» y la presidenta autonómica, en lugar de ser exigente, ejerce de «delegada del sanchismo».
Esperança Sans, diputada de Podemos, también a atribuido la falta de acuerdo para la conformación del Gobierno central a la actitud de Pedro Sánchez, a que ha responsabilizado por ello del mantenimiento del actual sistema de financiación.
El portavoz de Ciudadanos, Marc Pérez-Ribas, ha indicado que la apelación de Armengol a la prudencia presupuestaria para 2020 contrasta con sus respuestas cuando el año pasado el propio partido naranja le pedía lo mismo de cara a los presupuestos de 2019.
Miquel Ensenyat, diputado de MÉS per Mallorca, ha expresado su seguridad en que los 177 millones de euros se cobrarán antes o después, pero ha lamentado el déficit estructural que genera la infrafinanciación.
El portavoz de Vox, Jorge Campos, ha sostenido que no hay que reformar el sistema de financiación sino la organización territorial. «Quienes nos roban han sido los sucesivos gobiernos autonómicos», ha afirmado.
Jaume Font, de El Pi, ha censurado la repetición de un debate sobre las carencias del sistema de financiación y ha insistido en que lo que el Govern debe hacer es explicar cómo compensará el descenso en sus ingresos.
Por parte de MÉS per Menorca, Josep Castells, a instado a Armengol a ponerse al frente de una «movilización social» de reivindicación de un sistema de financiación justo para Baleares.