El ‘caso Peaje' tiene una vía de desbloqueo tras casi cuatro años paralizado. El magistrado encargado de presidir el jurado ha pedido que se reúnan los peritos presentados por las empresas que construyeron la carretera a Manacor y los judiciales que dieron inicio a la causa por si pueden acercar en algo sus posturas: los primeros sostienen que no hubo ningún desfase en las obras de la carretera de Manacor y los segundos lo llegaron a cifrar en 40 millones.
En base a esos diferentes informes de expertos, las defensas y las acusaciones mantiene posiciones irreconciliables. Trece acusados y penas que suman 154 años de cárcel son las que derivan de esa diferencia en la tasación. La Fiscalía Anticorrupción impuso desde el principio como condición a cualquier acuerdo que el Consell recupere el dinero. La institución ha rechazado algunas propuestas de las defensas como cerrar ahora las condenas penales y derivar a un procedimiento contencioso la posible responsabilidad civil.
El ministerio público sostiene que se produjo un perjuicio de hasta 40 millones de euros en la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor. La causa incluye varias acusaciones por soborno por trabajos particulares realizados a exaltos cargos que se cargaron a las obras de la autovía. El asunto está ya en la Audiencia Provincial a la espera de que se celebre el juicio con un jurado. En el banquillo se sentarán, entre otros, los exaltos cargos insulares de Carreteras Antoni Pascual, Gonzalo Aguiar y Francisco Orejudo, además de empresarios. Como se descartó la existencia de un posible delito de prevaricación por parte de la acusación pública, la causa se encauzó hacia un jurado popular, lo que ha alargado el trámite.
Retrasos
Los distintos retrasos en la causa y la complejidad que supone un juicio con jurado tienen a las distintas partes buscando alguna solución desde hace tiempo y ha habido varias negociaciones. La diversidad de acusados y la complejidad de los hechos hacen que el ‘caso Peaje' sea además especialmente imprevisible con un tribunal formado por ciudadanos que tendrán que analizar esas periciales.
En ese contexto, la posibilidad de que los peritos acerquen sus posturas allanaría un posible pacto o, al menos, facilitaría el trabajo de los jurados. A propuesta de las partes, el magistrado acordó que se celebre esa reunión para la que, por el momento no se ha señalado ninguna fecha. A partir de ahí se iniciarían los trámites para fijar una fechar para el juicio. Se trata de una de las causas más antiguas abiertas.