El PP en Baleares ha pedido la comparecencia urgente de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Parlament para que informe sobre la reclamación de los 177 millones de euros para Baleares de la liquidación pendiente del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
El presidente del PP balear, Biel Company, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que su partido ha solicitado la comparecencia de la presidenta socialista para que se ponga fin a la «grave situación financiera» del archipiélago.
El grupo parlamentario popular también ha registrado una proposición no de ley (PNL) para que Armengol exija urgentemente los 177 millones de euros pendientes de transferir a las islas por parte del ejecutivo nacional.
Company espera que esta PNL se apruebe en la próxima sesión parlamentaria y ha recordado que, en enero de 2018, Armengol fue exigente con la aprobación de los presupuestos estatales y llegó a utilizar calificativos como «triple traición, robar a Baleares y recorte inaceptable» para plantear esa reclamación ante el gobierno central cuando gobernaba el PP.
El presidente popular también ha criticado que la presidenta socialista exigía «reuniones inmediatas» con el presidente del Gobierno en ese momento, Mariano Rajoy. Ha asegurado que el PP en las islas no ha utilizado «ninguna palabra tan grave como esta» ante la gestión del gobierno nacional, que ahora preside en funciones el socialista Pedro Sánchez.
Company ha asegurado que Armengol «se ha olvidado de lo reivindicativa que era» cuando gobernaba el PP en España, por lo que los populares han solicitado su comparecencia urgente para que «deje de estar de vacaciones y defienda los intereses de los baleares».
También ha pedido a Sánchez que cree un real decreto ley para que los ayuntamientos y comunidades autónomas reciban de forma inmediata la liquidación del sistema de financiación de comunidades autónomas que suma unos 7.000 millones de euros, ha reiterado Company. Ha censurado a Sánchez y Armengol por hacer un «mal uso de la política» y hacer «sufrir» a los ayuntamientos y comunidades autónomas.