La incertidumbre pesa sobre más de 200 trabajadores interinos del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), dependiente del Consell de Mallorca, por lo que han demandado a la Administración por abuso de la temporalidad y fraude de ley. Así lo indicaron algunos de los trabajadores afectados, que aseguran que la mayoría de ellos encadenan contratos laborales de interinidad desde hace muchos años pese a que la ley establece que «a los tres años y un día se debe firmar un contrato fijo». Aseguran que a excepción de la convocatoria de oposiciones publicada el pasado marzo, y que muchos han impugnado, hace más de 17 años que no se convocaban oposiciones en el IMAS, lo que los coloca en una situación «discriminatoria».
Uno de los motivos por el que muchos trabajadores interinos del IMAS impugnaron las oposiciones, que se debe celebrar en las próximas semanas, es que las bases «no se negociaron en las mesas de negociación del Consell de Mallorca». Además, aseguran desconocer las plazas ofertadas y cómo se gestionarán los bolsines.
Por otra parte, estos trabajadores han solicitado formalmente que se aplace la convocatoria de oposiciones, solicitud rechazada por parte del IMAS y comunicada el pasado 14 de agosto. El personal argumenta que las consecuencias de no posponer la convocatoria pueden ser «la duplicidad de puestos de trabajo, indemnizaciones a los empleados con más de 15 años de antigüedad y un gasto considerable para los contribuyentes».
Piden que se aplacen las oposiciones hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el caso de la temporalidad en el empleo público y que podría cambiar la situación de unos 800.000 funcionarios interinos de todo el Estado. La sentencia podría salir en breve y algunas administraciones, como la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Andratx han aplazado sus convocatorias de oposiciones hasta que Europa dicte su sentencia. Desde el IMAS entienden que después, los tribunales españoles deberán resolver las demandas y que aplazar la convocatoria podría implicar la pérdida de oferta de empleo público.