El Govern balear agotará «la vía política y de diálogo» con el Ministerio de Hacienda para reclamar los recursos pendientes del sistema de financiación correspondientes a 2019, que en el caso de Baleares ascienden a 177 millones de euros.
Así lo han indicado fuentes de la Conselleria de Hacienda, que han precisado que el Govern confía en encontrar una fórmula legal que permita transferir estos recursos a la Comunidad Autónoma como estaba previsto inicialmente.
Cabe recordar que este miércoles el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, anunciaba su decisión de llevar al Gobierno central a los tribunales por el impago de adelantos de 2019, e invitaba al resto de comunidades autónomas a sumarse a esta demanda.
En el caso de Baleares, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 supone 177 millones de euros menos respecto a las cifras comunicadas originalmente por el Ministerio, con las que las Comunidades Autónomas trabajan para la elaboración de sus propios presupuestos.
La cifra se compone de 99 millones de euros de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico más 78 millones de la mensualidad pendiente de la liquidación del IVA de 2017.
Las fuentes consultadas han insistido en que el Govern mantiene «desde el primer día» esta reclamación ante el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta del Govern, Francina Armengol, trasladó esta reivindicación al presidente en funciones durante su encuentro en Palma este verano, y también se ha planteado en diversas reuniones con el Ministerio en los últimos meses.
En concreto, Baleares ha instado al Gobierno central a buscar una fórmula avalada por los servicios jurídicos que permita hacer efectivos estos pagos, y también ha planteado la posibilidad de modificar los objetivos de déficit, ampliando los márgenes de las Comunidades.
Con todo, el Govern confía en que sea posible formar un nuevo Gobierno en España para afrontar otros asuntos de importancia para Baleares, como la reforma del sistema de financiación -con el que el Ejecutivo autonómico exige una financiación «más justa» para las Islas- y la dotación de las inversiones y mejoras del nuevo Régimen Especial para Baleares (REB).
Otra cuestión de calado para la Comunidad es la aprobación definitiva de los beneficios fiscales para empresas y autónomos del anteproyecto de medidas fiscales del régimen especial -que fue aprobado por el Consejo de Ministros y está pendiente de su tramitación y aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados-.