Inspectores de Trabajo y agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha registrado un total de 48 locales de ocio de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y Sant Antoni de Portmany de Ibiza. Lo hicieron en horario nocturno del 8 al 9 de agosto, en una campaña extraordinaria contra la precariedad laboral.
La Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social y la Delegación del Gobierno en Baleares han impulsado de forma coordinada esta nueva actuación extraordinaria contra el trabajo no declarado, que el verano pasado también se llevó a cabo.
En Sant Antoni se llevaron a cabo 16 inspecciones, las mismas que en Magaluf y en El Arenal de Palma. En unos meses, las instituciones públicas implicadas darán a conocer las sanciones impuestas y las infracciones concretas cometidas.
Esta operación conjunta forma parte de las actuaciones previstas en el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, impulsado por el Ministerio de Trabajo y por el Plan de Lucha contra la Precariedad en el Trabajo del Govern balear.
El conseller de Modelo Económico, Iago Negueruela, y la directora territorial de la Inspección de Trabajo en Baleares, Yolanda Robledo, han informado en rueda de prensa de esta operación contra la precariedad laboral, que pretende un actuación «concreta y rotunda», ha afirmado Negueruela.
Robledo ha subrayado que la precariedad laboral y la temporalidad son unas de las «principales preocupaciones» en Baleares, por lo que es necesario trabajar «por un trabajo digno y recuperar los derechos laborales».
También se ha referido a la necesidad de la colaboración entre las administraciones estatal y autonómica para hacer frente a este problema.
Un total de 12 inspectores de Trabajo -8 en Mallorca y 4 en Ibiza- llevaron a cabo esta inspección acompañados por guardias civiles y policías con el propósito de analizar la contratación a tiempo parcial, la economía irregular, las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y los análisis de los contratos de las empresas.
Entre las irregularidades contrastadas en estas 48 inspecciones se encuentran que no se han dado de alta a empleados en la Seguridad Social, ciudadanos extranjeros sin autorización administrativa para trabajar y «alguna» obstrucción a la labor inspectora, a pesar de que los inspectores iban acompañados por guardias civiles o policías.
Previamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seleccionaron los locales de ocio -copas y restauración- que, en un principio, podrían ser objeto de un mayor fraude o «economía irregular».
La operación se realizó de manera simultánea en estas tres zonas, donde es «necesario reforzar» el control laboral, ha sostenido Negueruela.
Sobre las infracciones, el conseller ha advertido de las sanciones que se pueden imponer a una empresa, como 10.000 euros por tener a un empleado extranjero sin contar con permiso de trabajo, o por impedir el acceso de los inspectores al local en cuestión.
Aunque «parece chocante, forma parte de nuestro trabajo» que no se permita el acceso de los inspectores al local, ha explicado Robledo, que ha añadido que entre las funciones de los agentes policiales están que no huyan los trabajadores que están en situación irregular.
Gracias a la presencia de policías y guardias civiles. «la eficacia de estas inspecciones es muchísimo mayor», ha destacado Negueruela