Uno de los acuerdos que había sobre la mesa para formar un gobierno de coalición en el Estado era la regulación de la eutanasia. De hecho, en el mes de julio, los grupos parlamentarios de Podemos y PSOE registraron sus respectivos proyectos de ley a estos efectos en el Congreso de los Diputados.
En Baleares, la catedrática de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears, Carmen Tomás-Valiente (hija del presidente del Tribunal Constitucional asesinado en l996 por ETA, Francisco Tomás y Valiente) cree que sólo es cuestión de tiempo. «La eutanasia se regulará, tiene que hacerlo un gobierno de izquierdas y tiene que haber voluntad política pero ahora mismo el compromiso ya es importante», señala.
De momento la propuesta que ha llegado más lejos fue la de la pasada legislatura que «ya establecía unas condiciones de enfermedad y también de competencia mental», asegura Tomás-Valiente. Sin embargo la dilación en las enmiendas hizo que se quedara en trámite tras la convocatoria de elecciones.
Mientras tanto el debate social ha continuado. «Las encuestas enseñan que la profesión médica cada vez está más a favor de su legalización. No es una opinión unánime ni oficial pero se nota». Y es que el papel de los facultativos es esencial en esta materia. «La eutanasia tiene que concebirse como una decisión en el contexto médico».
De momento la muerte asistida está penada por el Código Penal de 1995. Desde entonces, según esta experta apenas se han llevado casos a la justicia. «Sentencias de médicos o familiares que hayan ayudado a alguien a morir cuántas habrá ¿diez?», pregunta. «Se dan los casos pero no se denuncian y no llegan a la justicia».
En Europa, tanto los Países Bajos como Luxemburgo y Bélgica ya tienen regulada la eutanasia. Caso aparte es Suiza donde existe «algo intermedio». No hay una regulación «ni una ley clara, sino un Código Penal que no castiga el auxilio al suicidio, es un vacío legal». Holanda fue el país pionero pues en los años 70 partió como iniciativa de sus médicos que primero establecieron unos criterios que después avaló el Tribunal Superior sentando jurisprudencia en casos concretos hasta llegar a legalizarlo.
Fuera de Europa destacan los casos de Canadá, Australia o Colombia «donde se reguló a través de una sentencia del Tribunal Constitucional».