Discrepancias económicas entre los ministerios de Defensa y Fomento provocaron que el Consejo de Ministros aprobara la subasta del acuartelamiento por 45,8 millones de euros. Defensa no se bajaba de este precio, pero Fomento lo consideró abusivo, pese a que su intención era adquirir el recinto para hacer vivienda pública. Es lo que este martes explicó el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, en una comparecencia parlamentaria.
El conseller comparecía a petición del PP y fue inusualmente claro en términos políticos: los dos ministerios no llegaron a un acuerdo económico y eso forzó el anuncio de subasta por parte del Consejo de Ministros.
Tres días
El Govern se enteró apenas tres días antes gracias a que la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, estaba en la comisión de secretarios que prepara el orden del día de la reunión ministerial.
El conseller mostró el malestar del Govern por estas circunstancias y anunció que se prepara una tasación alternativa, mucho más ajustada a la realidad actual de los terrenos, que se entregará al Ministerio para tratar de que la subasta no se realice ya que en estos momentos solo se ha aprobado la enajenación de los inmuebles. En septiembre habrá una nueva reunión en Madrid.
Pons detalló la historia de estas instalaciones, desde que se firmó el convenio entre Cort y el Ministerio de Defensa en 1998, pero también señaló que la aprobación del Plan de Equipamientos Comerciales de Mallorca por parte del Consell rebaja las posibilidades comerciales de los terrenos que no se destinarán a la construcción de las 831 viviendas, todas ellas VPO. Ello hace que el precio de subasta sea inferior al que calcula Defensa. El conseller también alertó del «riesgo» de sacar a subasta unos terrenos que aún no tienen aprobado el PERI definitivo.
La diputada de PP Marga Durán criticó todo el proceso y opinó que esta gestión demuestra que el Govern de Armengol «no pinta nada». La diputada de Podemos Esperança Sans pidió que los terrenos se cedan al Ajuntament y Joan Mas, de Més, opinó que la tasación está inflada. Maxo Benalal (Cs) lamentó la falta de firmeza del Gover; Jorge Campos (Vox) pidió que el PERI se apruebe cuanto antes y Josep Melià (PI) animó al Govern a impugnar la subasta.