La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha ordenado el bloqueo «preventivo» de varias partidas presupuestarias, lo que significa que los nuevos consellers del Govern no podrán gastar parte del dinero con el que contaban tras su toma de posesión.
Las razones de este bloqueo de gasto están en la liquidación del Presupuesto de Baleares de 2018. El Govern gastó el año pasado más dinero del permitido por la ley de estabilidad presupuestaria y ahora no tiene más remedio que presentar un plan de ajuste al Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero.
La fecha límite para la entrega de este documento era el pasado 4 de julio, pero el Govern aún no lo ha hecho debido a los cambios políticos tras las elecciones.
Mientras se elabora este documento que deberá remitirse al Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha dado la orden de indisponibilidad de una serie de créditos, de ahí que el Govern asegure que se trata de una medida «preventiva». «Es una medida de prudencia relacionada con el cumplimiento del déficit», señala un portavoz de la Conselleria.
En cualquier caso, este plan de ajuste es obligatorio y el Govern debe especificar en él de dónde sacará una parte de esos 210 millones que gastó de más en 2018.
El techo de gasto marcado por el Ministerio para Baleares el año pasado era de 3.260,79 millones, pero finamente se gastaron 3.473,1. Se sobrepasó un 10 por ciento el gasto del año anterior cuando el Govern tenía permiso para aumentarlo apenas un 2,4 por ciento.
En cualquier caso, fuentes de la Conselleria d'Hisenda aseguran que este bloqueo de las partidas presupuestarias se está haciendo de manera coordinada con los consellers afectados. La Conselleria no se atreve a dar una cifra del montante al que llegará el bloqueo de los créditos disponibles.
Desde el departamento que dirige Rosario Sánchez insisten en que la situación política en Madrid está teniendo consecuencias serias en la situación económica de las Islas.
Recuerdan que el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado deja en el aire el cobro de un total de 177 millones de euros que debería recibir la Comunitat en concepto de financiación autonómica y del atraso de un mes en el cobro del IVA.