Dos décadas como víctimas. Una quincena de ciudadanos alemanes reclaman 1,5 millones de euros a cuatro acusados de estafarles en con una promoción fantasma en Santa Ponça. Algunas de las víctimas llegaron a perder más de 270.000 euros en el año 1999 y todavía tendrán que esperar unos meses más al juicio que la Audiencia Provincial señaló ayer para el mes de mayo del año que viene.
La Fiscalía reclama condenas de siete años de cárcel a los cuatro accionistas, administradores y miembros del consejo de administración de la sociedad Campo Verde Proyectos S. A. Esta sociedad compró un solar en Calvià en el año 1997 y en él planeaban, en dos fases, construir una promoción de viviendas destinadas a compradores alemanes.
Los problemas arrancaron en la construcción de la primera fase. La empresa comenzó a tener problemas de financiación y, según la calificación del fiscal, los ingresos que conseguían de la venta de los pisos se fueron en el pago de las obras. Sin embargo, no había bastante dinero y los acusados decidieron hipotecar los bienes para conseguir liquidez.
Mientras, firmaban contratos de compraventa privados. En ellos se comprometían a entregar sin cargas las viviendas. Todo el chiringuito se vino abajo cuando tampoco pudieron pagar las cuotas de las hipotecas que habían contratado. El banco las ejecutó y se hizo con las viviendas y los compradores se encontraron, sin el dinero que habían adelantado y sin vivienda. Algunos de los afectados optaron por acudir a la subasta en la que el banco vendió los inmuebles y hacerse con ellos por esta vía. El resto se quedó sin nada.
Este jueves había señalada una vista previa al juicio en la Audiencia Provincial. En ella no se alcanzó ningún acuerdo entre las acusaciones y las defensas de los acusados. De esta forma, el tribunal de la Sección Primera señaló el juicio para toda una semana del próximo mes de mayo.
Indemnizaciones
La investigación contra los cuatro empresarios arrancó en un juzgado de Instrucción de Palma en el año 2002. Desde entonces ha tardado 17 años en llegar a juicio por distintos problemas de tipo procesal. La mayoría de los afectados reclama a los acusados el pago del dinero que adelantaron por los pisos.