El 25 de julio de 2017 llegaban a Palma 16 de las 629 personas que atracaron en Valencia a bordo del buque de salvamento marítimo Aquarius después de que Italia y Malta les denegaran la entrada a sus puertos. Uno más llegaba varios días después. De los 17 refugiados acogidos en Mallorca, trece de nacionalidad sudanesa, tres nigerianos y un camerunés, todos ellos hombres, nueve han abandonado el programa para irse a otros países.
Los ocho restantes se encuentran ya en la fase de integración. Dos de ellos han encontrado trabajo en el sector agrícola y en carpintería, dos más se encuentran en busca activa de empleo con el acompañamiento de un equipo de Cruz Roja, y los otros cuatro están realizando cursos de formación como camarero, herrero y en el sector del comercio.
A su llegada, los 17 refugiados se integraron en el sistema estatal de acogida e integración que ofrece el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Servicios Sociales, con el objetivo de integrarlos en la sociedad de acogida, en este caso en Balears.
Además de otras entidades, la principal encargada de la acogida es Cruz Roja con un equipo de voluntarios y personal técnico capitaneado por Dolça Feliu. «Cubrimos sus necesidades básicas y los casos de emergencias principalmente de salud, físicas o psicológicas y queremos que lleguen a ser personas autónomas económicamente», asegura
Cuando un refugiado llega a España se le aconseja que haga cuanto antes la solicitud de asilo. Además de los 17 del Aquarius, en 2018 la policía atendió hasta 1.061 peticiones que posteriormente pasan a valorarse, una a una, en una comisión interministerial. «Todavía no están resueltas, porque tardan más de un año», explica Feliu. Solo si la petición es favorable se convierten en refugiados, en caso de denegación no reciben asilo y quedan en un estatus irregular.
Mientras la burocracia trabaja, se les asigna una plaza en un centro de acogida. En Balears hay dos cedidos por la conselleria de Serveis Socials. Uno en la Platja de Palma con 50 plazas por el que, desde que se abriera en 2016, ya han pasado 319 personas; y otro en Son Rapinya, inaugurado hace un año, que ha acogido a 61. «Normalmente están aquí seis meses donde se les da alojamiento, manutención, vestuario y farmacia. Está cubierto todo lo básico y reciben una pequeña ayuda de bolsillo».