Los propietarios de pisos de VPO que han comenzado el proceso de reventa de la vivienda se han encontrado con la decisión del Govern de ejercer el derecho de tanteo y retracto y recomprar el piso que un día se vendió con ayudas de la Administración. Eso significa que los particulares interesados en revender su VPO de segunda mano están obligadas a ofrecérsela primero al Govern, que tiene derecho preferente para comprarla a precio tasado.
Con este premisa, el Govern ya ha adquirido las diez primeras viviendas de segunda mano con precios que van de los 184.000 para la más cara a los 69.000 de la más barata. Se trata de pisos que están en Palma, Marratxí, Lloseta, Manacor, es Mercadal y Binissalem. El precio total que ha pagado el Ejecutivo por todos estos piso es 1.176.945 euros, lo que da una media de 117.695 euros por piso.
El conseller de Territori en funciones, Marc Pons, asegura que el Govern ha puesto las bases para evitar la pérdida de patrimonio público de vivienda, y una de las medidas es la adquisición de las VPO que se pongan a la venta. «El Govern quiere ampliar el parque de vivienda y una vía es recuperar aquellas VPO que vuelven a salir al mercado para que pasen a manos públicas», asegura el conseller.
Comprados con ayudas
Marc Pons afirma, además, que esta es una vía para frenar la especulación con la venta de pisos que en su día se adquirieron gracias a ayudas oficiales. «Queremos garantizar que no hay tentaciones de especular y que la gente comprenda que la Administración vigila el cumplimiento de la ley para que no se comentan abusos con esta venta», añadió.
Pons añadió que el Govern quiere evitar «posibles tentaciones» de algún propietario para vender su piso con parte de los pagos en ‘B'. «Son pisos que se adquirieron a un precio más bajo gracias a las ayudas de la Administración y eso debe tenerse en cuenta a la hora de venderlos», dijo el conseller en funciones.
Con la nueva ley de vivienda, los particulares que adquieran a partir de ahora pisos de nueva construcción con ayudas públicas ya no podrán venderlas a particulares y tendrán que revenderlas a la Administración. Con esta medida, el Govern pretende mantener la propiedad y el control de todas las viviendas que se construirán a partir de ahora en las Islas.
El pasado
El Govern quiere que no suceda lo que se vivió en la anterior legislatura, en la que dejó de tener el control de 5.484 viviendas protegidas porque se habían cumplido los 30 años que marca la ley para que sus propietarios puedan venderlas o alquilarlas al precio que más les convenga. Ese parque de viviendas estaba sometido hasta ahora a una serie de limitaciones que impedían a sus propietarios venderlas a un precio superior al estipulado.