Un juzgado de lo Social de Palma ha desestimado la demanda del Govern para anular el expediente de regulación de empleo que supuso el despido de 73 trabajadores del gimnasio Megasport. La administración entendía que la empresa, propiedad del Grupo Cursach, había empleado un procedimiento irregular al aplicar el ERE con la intención de ahorrarse el pago de cuotas de la seguridad social. El despido pactado de los trabajadores se produjo tras la orden de Cort de suspender parte de la actividad en el gimnasio por las irregularidades en la licencia del mismo. A partir de ese cierre se negoció un acuerdo para extinguir los empleos amparado por causas técnicas y organizativas.
El Govern sostenía que la empresa tendría que haber suspendido a los trabajadores por «causa mayor». El juzgado resuelve a favor de Megasport y de los más de 40 trabajadores que defendieron el acuerdo en los juzgados: «No concurren indicios de fraude», concluye el magistrado.
La sentencia señala que el cierre será prolongado. Ese plazo hace que los usuarios, «personas acostumbradas a realizar ejercicio físico» hayan buscado otras opciones. Además, valora que los trabajadores «precisan un elevado nivel de entrenamiento para poder desarrollar su trabajo», algo que no podrían hacer con las instalaciones cerradas y «no pueden permanecer durante un periodo de tiempo incierto sin desarrollar su actividad».
Plantea que estas circunstancias suponen una «clara incertidumbre sobre la viabilidad del negocio» que hace razonable el ERE por circunstancias técnicas.
La sentencia también refleja que no se trata de una situación de fuerza mayor: «Ni siquiera puede considerarse completamente ajena a la voluntad de la empleadora, en tanto que fue su propio obrar el que generó la causa que motivó el cierre parcial y el cese de la actividad».
Marzo de 2020
La sentencia se apoya en un dictamen aportado por el abogado de la empresa, Miguel Soler. Éste valora que, según lo que tarda Cort en tramitar licencias y la duración de las obras necesarias, Megasport no podría abrir al menos hasta marzo de 2020. El gimnasio tenía cuando cerró más de 9.000 socios de los que acudían diariamente entre 2.000 y 3.000. La sentencia puede ser recurrida por el Govern ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.