El Gobierno central avisó al Govern el pasado mes de marzo de que el pago de la carrera profesional que establece la Ley de Presupuestos de este año presenta dudas legales. Como consecuencia de ello, los dos ejecutivos aprobaron la creación de una comisión bilateral de negociación para resolver las discrepancias. Fue el pasado 15 de marzo. El acuerdo no se publicó en el BOE y en el BOIB hasta este martes, dos días después de las elecciones autonómicas.
El Gobierno plantea dudas sobre varios artículos de la Ley de Presupuestos de este año. Son el artículo 12.3 y 23, las disposiciones adicionales primera y segunda y las disposiciones finales octava y novena del texto.
Todas estas disposiciones guardan relación con el pago de la carrera profesional, pluses y otros complementos, como la especificidad de los médicos que trabajan en Formentera y otros complementos pactados con los sindicatos con anterioridad a que el Gobierno aprobara limitaciones de gasto de personal. El Gobierno limitó la subida salarial de los funcionarios al 2,25 por ciento y quiere saber si el pago de esos complementos supone superar esas limitaciones.
Es lo que ahora deberá dirimirse en la comisión bilateral creada al efecto el pasado mes de marzo. Fuentes del Govern se muestran optimistas con esta negociación y creen posible convencer al Gobierno de que la Ley de Presupuestos no incumple las disposiciones del Gobierno central.
Si no hay acuerdo, el siguiente paso es presentar un recurso al Tribunal Constitucional, a quien ya se ha informado de la constitución de esta comisión. En el Govern están seguros de que no se llegará a este extremo y recuerdan que una de las primeras medidas que adoptó Rosario Sánchez cuando fue nombrada delegada del Gobierno de Pedro Sánchez consistió en retirar los recursos del Gobierno de Rajoy contra la carrera profesional. Su antecesora, Maria Salom, había impugnado ante los tribunales el pago de estos complementos en el Consell y en algunos ayuntamientos de Mallorca, como el de Palma.
Por lo que respecta al retraso en las fechas de publicación y al hecho de que esta amenaza no se haya conocido hasta dos días después de las elecciones y no cuando se constituyó la comisión, un portavoz del Govern asegura que la decisión sobre la fecha de publicación de los acuerdos en el BOE y el BOIB corresponde al Gobierno. «El Govern no controla los tiempos en estos procedimientos», aseguró sobre este asunto.
Desde el Govern se insiste en que hay un antecedente similar con el decreto de VTC en el año 2017, que también tardó dos meses y medio. Lo habitual es que la publicación se haga entre uno y dos meses después del acuerdo, es decir, entre el 15 de abril y el 15 de mayo, en plenas campañas electorales. El BOIB y el BOE publicaron también este martes la amenaza de recurso contra la Ley Agraria, un acuerdo que se tomó el pasado 3 de mayo, con un retraso de apenas 25 días.
Ley agraria
El Gobierno central ha remitido una carta al Govern instando a la creación de una Comisión Bilateral de Cooperación al detectar discrepancias con la Ley Agraria que aprobó el Parlament el pasado enero. Madrid cuestiona tres artículos (38, 39 y 107.2) y la disposición final tercera de la nueva normativa del conseller Vicenç Vidal. La sorpresa ha llegado porque uno de estos artículos, el 38, hace referencia a los productos derivados de origen agrario y es igual al texto de la anterior Ley Agraria de Company. Sorprende que ahora sea puesto en duda.
Por otra parte, el resto del articulado en discrepancia hace referencia a los residuos de envases de productos fitosanitarios y a la reordenación agraria de las fincas. Desde la Conselleria de Medi Ambient aseguraron este martes que son cuestiones técnicas o de redactado, por lo que se espera que llegar a un acuerdo en esta Comisión Bilateral de Competencias. Todo apunta que no se llegará al Constitucional.