Una familia de origen cubano notificó oficialmente a la cadena hotelera española Meliá su intención de demandarla en los tribunales de Estados Unidos por operar un hotel en Cienfuegos (Cuba) que les fue expropiado hace casi 60 años, informó este su abogado, Andrés Rivero.
El letrado miamense, que representa a los herederos de Antonio Mata Álvarez, de origen asturiano y propietario del hotel San Carlos de Cienfuegos cuando la expropiación, demandó este lunes a funcionarios cubanos por el contrato por el que Meliá opera el establecimiento y además notificó a la compañía española.
La familia Mata pudo interponer esta acción judicial a raíz de la reciente entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 por una decisión del Gobierno de Donald Trump.
El título III estuvo en suspenso hasta el pasado 2 de mayo porque todos los presidentes estadounidenses anteriores a Trump desde Bill Clinton decidieron no activarlo para no tener problemas en organismos internacionales y otros gobiernos.
En virtud de este título, los ciudadanos estadounidenses que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la revolución comunista pueden demandar en tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas.
Meliá es mencionada en la acción judicial presentada por los Mata, pero no está todavía demandada, pues Rivero ha optado por la fórmula de notificar y dar un plazo de 30 días para que la empresa compense económicamente a los demandantes.
En caso de que no lo haga y la demanda siga su curso, el monto de la compensación podría triplicarse, indicó el abogado, quien dijo haber enviado ya la notificación a las sedes de Meliá en Estados Unidos, España y Cuba.
La demanda interpuesta por las nietas de Mata Álvarez es lo que se conoce como una acción colectiva por el hecho de que se pueden sumar otras personas que hayan sufrido similares acciones de los Gobiernos que siguieron a la revolución de 1959, explicó.
En la demanda ya presentada en los tribunales federales de Miami los funcionarios cubanos demandados son todavía anónimos.
Siguiendo la fórmula usada por la justicia estadounidense para estos casos, el demandado es «Raúl Doe» por Raúl Castro, anterior presidente de Cuba, dijo Rivero, quien señala que el objetivo es incautar los activos que puedan tener fuera de Cuba los demandados.
El hotel San Carlos, hoy Meliá San Carlos, fue construido en 1925 en pleno centro histórico de Cienfuegos y expropiado a comienzos de la década de los años 60.
Rivero dice que no tiene un monto sobre la compensación que Meliá debería pagar, pues eso le corresponde a la justicia, pero está claro, a su juicio, que debe incluir no solo el valor de la propiedad y de su utilización, sino el uso del nombre original del hotel y su historia y reputación en la publicidad.
Las cadenas hoteleras españolas que operan en régimen de empresa mixta más de 60 establecimientos propiedad del Estado cubano están en la mira de familias cubanas a las que la revolución les confiscó propiedades o negocios y se exiliaron en Estados Unidos.
El Gobierno español ha transmitido a los grupos hoteleros presentes en Cuba su apoyo frente a posibles demandas en EE.UU. bajo el título III de la ley Helms-Burton.
La Unión Europea, que considera que esa ley contraviene el derecho internacional, ya adelantó su intención de activar el «estatuto de bloqueo», que prohíbe la aplicación en territorio comunitario de las sentencias en EE.UU. sobre el Título III y permite a los demandados recibir indemnizaciones en cortes europeas.
Tampoco se descarta una posible demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), una medida a la que el bloque europeo ya recurrió cuando se aprobó la Helms-Burton en 1996 y que no fue retirada hasta que Washington se comprometió a mantener congelado el citado Título III.
El abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami, que ha presentado ya varias demandas amparadas en el Título III de la Ley Helms Burton, dijo a Efe el mes pasado que el caso de «mayor relieve» es el de la familia Sánchez Gil, que reclama «desde hace décadas» la propiedad de una central azucarera desmantelada en la provincia de Holguín.
Gutiérrez dijo que se trata de un terreno de unos 100.000 acres, con 57 kilómetros de playa en el norte de Cuba, en los que hay hoteles de las empresas españolas Meliá e Iberostar, como también canadienses y alemanes.
Los herederos de Sánchez Hill no han decidido aún si demandarán en Estados Unidos a los que se benefician de una propiedad «robada», de acuerdo con Gutiérrez.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han «certificado» 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.