La oferta de plazas de alquiler vacacional del portal Airbnb en Baleares ha aumentado hasta las 141.213 este abril, 16.417 más que en agosto de 2017 -cuando se aprobó la nueva Ley Turística que regulaba esta actividad-, según datos recopilados por DinsAirbnb y difundidos junto a Terraferida.
En Mallorca, Airbnb ofrecía 97.094 plazas en abril (14.639 más que en agosto de 2017 y 18.551 más que en enero de 2016); Menorca ha llegado a las 15.285 plazas (2.962 más que en agosto de 2017); Formentera contabiliza 2.616 (551 más que hace dos años); e Ibiza es la única isla donde la oferta baja, hasta las 26.218 plazas (1.735 menos que el verano de 2017).
Con estas cifras en la mano, DinsAirbnb y Terraferida han hablado de «fraude masivo».
Según estos datos, en Airbnb un total de 50.961 plazas se comercializan sin mostrar la licencia, como exige la Ley Turística. De este modo, sólo un 62 por ciento de las plazas que comercializa Airbnb en Baleares declaran tener licencia y el 38 por ciento se anuncian ilegalmente.
En Mallorca son 28.360, en Menorca 8.283, en Ibiza 13.332 y en Formentera 986. Esto supone que en Mallorca el 30 por ciento de las plazas turísticas en viviendas no muestran la licencia; en Ibiza y en Menorca no lo hacen el 56 por ciento y el 55 por ciento, respectivamente; y en Formentera, el porcentaje de plazas comercializadas sin licencia es del 40 por ciento.
Sin embargo, las dos entidades han comprobado que un mismo número de licencia se utiliza para múltiples viviendas turísticas -cuando la ley marca que cada vivienda debe tener una licencia o número de registro individual-.
De las 9.715 viviendas anunciadas que requieren licencia, 8.073 la exhiben, pero en realidad 7.010 licencias se destinan a una sola vivienda. Como ejemplo, han mencionado una licencia que se utiliza para 41 anuncios de tres gestores distintos, con 182 plazas.
Además, las entidades han detectado anuncios de habitaciones privadas -que no requieren licencia- pero que comercializan decenas de plazas -hasta 12 en algún caso-. «En realidad son viviendas enteras», han avisado.
Para Terraferida, el número de plazas ilegales «es enorme». Además, estiman que cerca del 30 por ciento de las que se anuncian como legales en este portal podrían ser en realidad ilegales. «Hay todo tipo de trampas para dar apariencia de legalidad a miles de plazas», han advertido.
«Que una pequeña entidad de voluntariado ambiental sea capaz de detectar más de 50.000 plazas ilegales y un Govern que gestiona más de 4.000 millones de presupuesto no, indica que es el Govern quien no tiene suficiente voluntad de luchar contra la ilegalidad turística y el fraude masivo que se produce tras esta actividad», han protestado. Para la entidad, estos datos permiten afirmar que la ley turística «no se aplica» y «no sirve para erradicar la oferta ilegal». Consideran que la multa de 300.000 euros a Airbnb «no impide que sigue publicitando la oferta ilegal».