El Gobierno de España amenaza con llevar ante el Tribunal Constitucional la ley balear de residuos y suelos contaminados si no hay un acuerdo entre las dos administraciones por un conflicto de competencias. Antes de llegar a este extremo, Madrid ofrece la constitución de una comisión bilateral para resolver las discrepancias. La Administración del Estado alega que hay una contradicción entre la legislación española y la ley insular, y señala los artículos 9 y 23 como el origen del conflicto.
El primer artículo se refiere a la regulación de las tasas de basuras según la cantidad de residuos que se producen (pago por generación), mientras que el segundo fija que a partir de 2021 los establecimientos comerciales solo podrán utilizar bolsas ligeras de un solo uso (de plástico transparente). Este último punto es más restrictivo que la legislación estatal que permite tanto las bolsas muy ligeras como las ligeras compostables.
Desde la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura, el director general de Residus, Sebastià Sansó, asegura que la ley balear sigue las directrices que marca Europa en material de residuos, por lo que «no renunciaremos a estos principios, fundamentales para nosotros».
Sansó argumenta que el Estatut d'Autonomia da competencias a la comunidad autónoma para fijar normas adicionales de protección del medio ambiente, siempre que sean más restrictivas a la normativa básica estatal y europea. «Eso es precisamente lo que hemos hecho, siguiendo criterios europeos como también han aplicado en Navarra», sentencia Sansó. Precisamente Madrid ha llevado ante el Tribunal Constitucional la ley de residuos de Navarra por un criterio de competencias y fiscalidad.
En el caso del pago según generación (paga más quien más genera), Sansó recuerda que la norma pretende que los ayuntamientos puedan gestionar mejor la política de residuos, así como fijar unas tasas o tarifas diferentes según quien más residuos genera. «La ley no establece en qué forma, sino que son los ayuntamientos quienes lo gestionan».
Por contra, Madrid mantiene que la regulación del sistema tributario local es una competencia del Estado. La directora general de Relacions amb el Parlament, Beatriu Gamundí, confirmó este jueves que han recibido el requerimiento del Gobierno y que Baleares ha aceptado participar en la reunión bilateral entre ambas administraciones para «defender los intereses de Baleares y llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes». Gamundí recuerda que durante esta legislatura, Madrid solo ha llevado ante el Constitucional la ley de bienestar animal y la regulación ambiental.