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El Club Marítimo Molinar se niega a abandonar su sede y el restaurante

Un cartel de Autoritat Portuària ordena el cese de actividad. | Pilar Pellicer

| Palma |

Nuevo encontronazo entre Autoritat Portuària de Balears (APB) y el Club Marítimo Molinar. Agentes de la policía portuaria ordenaron este lunes el cese de la actividad e impidieron el acceso de personas al edificio que alberga el restaurante y la sede social del club después de que sus responsables no hubieran desalojado las instalaciones, tal y como les había requerido previamente la APB. No obstante, tanto el restaurante como la sede social del club «seguirán en marcha». «No pararemos hasta que vengan con una resolución judicial», advirtió Rafel Vallespir, el presidente del Club Marítimo.

Fuentes de Autoritat Portuària explicaron que el pasado 24 de abril se notificó al Club Marítimo que, por razones de seguridad derivadas de las obras de reforma que se están llevando a cabo en el puerto, antes del jueves 2 de mayo debían desalojar el edificio. El 2 de mayo, técnicos de APB acudieron al lugar para verificarlo, pero el dueño del restaurante, que tiene el local alquilado al Club Marítimo (no tiene relación directa con la APB) les dijo que no había recibido notificación alguna. Entonces –prosigue su relato la APB– se les notificó nuevamente para que desalojaran el edificio en un plazo de 48 horas. Este lunes por la mañana, tras comprobar que la sede social y el restaurante seguían en marcha, la APB ordenó el cese de la actividad y colgó un cartel informando de esta resolución en el portal.

Paralelamente, la APB ha incoado dos denuncias administrativas al Club Marítimo por «desobediencia» a raíz de las dos notificaciones «ignoradas».

Respuesta

El presidente del Club Marítimo, Rafel Vallespir, expuso su desacuerdo con las resoluciones de Autoritat Portuària y señaló que «no son válidas» porque «solo un juez» puede ordenarnos desalojar». Vallespir añadió que la APB les hizo una autorización de ocupación temporal hace un mes y medio «y ahora pretenden echarnos». «Tenemos una inseguridad jurídica brutal», lamentó.

Vallespir recordó por otro lado que el restaurante cuenta con once trabajadores y que tiene compromisos adquiridos con clientes «que no puede desatender», por lo que «seguirá funcionando». El presidente se quejó también de «la falta de voluntad para llegar a un acuerdo» de la APB.

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