El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un crédito extraordinario de 20,1 millones para reparar las infraestructuras públicas afectadas por las inundaciones en el Llevant de Mallorca, previsto en el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias que aprobó en enero.
El crédito, con cargo al Fondo de Contingencia, permitirá que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública asuma el pago de las ayudas estatales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos o instalaciones públicas afectadas por las inundaciones que tuvieron lugar en la comarca del Llevant de Mallorca el pasado 9 de octubre.
El Real Decreto aprobado en enero ampliaba las ayudas para paliar los daños causados por las inundaciones después de la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil diez después del episodio de lluvias. Incluyó a los municipios de Sant Llorenç des Cardassar, Artá, Capdepera, Son Servera y Manacor.
El Estado asumirá hasta el 50 por ciento del coste de los proyectos de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones públicas, de titularidad de estos municipios o del Consell de Mallorca.
La valoración total de los daños en estas infraestructuras públicas, a partir de los proyectos presentados en su momento por las administraciones afectadas, asciende a 40.103.624,47 euros. Así, el Estado destina 11,27 millones al Consell de Mallorca, 6,8 millones a Sant Llorenç, 692.027 euros a Artà, 673.365 euros a Manacor, 450.362 euros a Capdepera y 161.232 euros a Son Servera.
A esta cantidad hay que añadir 1,6 millones de euros para las actuaciones de restitución del dominio público marítimo terrestre afectado por los temporales, además de la subvención del 100 por cien del coste, aún por cuantificar, de las actuaciones de emergencia por parte de las corporaciones locales para garantizar la vida y seguridad de las personas durante las inundaciones.
Paralelamente, el Real Decreto también incluía aspectos para permitir a las personas, empresas y administraciones afectadas acceder a nuevas ayudas, beneficios fiscales, medidas laborales y en materia de Seguridad Social.
Al margen de todas estas ayudas, desde el pasado mes de octubre el Consorcio de Compensación de Seguros, adscrito al Ministerio de Economía y Empresa, está abonando un total de 14,9 millones de euros por los 1.900 siniestros declarados por la catástrofe en viviendas y comunidades, vehículos, comercios, oficinas e instalaciones industriales.
Las ayudas estatales tienen carácter complementario y subsidiario a las de la Comunidad Autónoma.
El Real Decreto aprobado en enero incluía también los daños por las inundaciones en la zona de Pollença, días después de las de Llevant -un episodio de menor intensidad que el vivido en Sant Llorenç-. Para este concepto se preveían 100.320 euros para Alcúdia, 3.892 para sa Pobla y 16.690 para Pollença.