Una situación «lamentable» y «desagradable». El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Baleares, Antoni Real, señala que la sentencia del Supremo que obliga a sacar de nuevo a concurso 18 farmacias que funcionan desde 2012 es consecuencia de «un proceso que nació cojo». «Hicimos alegaciones en su momento para que se volviera a abrir la convocatoria, pero la Administración consideró que no era oportuno». Ante el panorama actual, Real señala: «Hay que dar una salida y regular esta situación». Asegura que, aunque no eran parte en el procedimiento y aún no han visto la sentencia, ya se han puesto en contacto con la dirección general para buscar la «solución menos dolorosa».
Real señala que este jueves habló con varios de los farmacéuticos afectados: «Hay mucha preocupación, a ver cómo va dar salida la administración a este problema. Hay gastos asumidos, con préstamos e hipotecas. Esperamos que el impacto sea mínimo».
Una de las responsables de la boticas cuya concesión queda ahora en el aire, Estila Artacho señaló en declaraciones al programa Cinc Dies: «Esta noticia era esperable. La cuestión es cómo se resolverá. No sabemos cómo nos afectará ni qué pasará a partir de ahora. Lo único que podemos hacer es a que nos digan lo que tenemos que hacer». Pone en valor la inversión que han hecho en las oficinas que llevan años abiertas: «¿Qué pasa con eso? Tenemos que ver cómo acaba el tema antes de tomar una decisión. El problema es que no sabemos si estas farmacias que nos adjudicaron seguirán en nuestras manos o serán para otras personas». Dueña de una oficina en las urbanizaciones de Llucmajor lamenta: «Hemos estado siete años para tener esta respuesta. No sabemos el plazo que va a pasar ahora. Es una incertidumbre que perjudica a todo el mundo».
Fuentes de la Consellería de Salut indican que están a la espera de que la sentencia del Supremo llegue al Tribunal Superior y la Sala de lo Contencioso inicie la nueva ejecución y concrete el modo en el que se debe llevar a cabo. En cualquier caso, señalan que la preocupación es que no se resienta la atención a los ciudadanos dado que todas las farmacias afectadas se encuentran en pueblos y, en algunos casos, no hay otras en los núcleos en las que están abiertas.
La sentencia del Supremo consideraba insuficiente la respuesta que dio el Govern durante el mandato de José Ramón Bauzá cuando se intentó solucionar la ilegalidad de las bases con un decreto ley que se aprobó en 2013. Esa normativa anulaba el punto polémico en el que se daban cinco puntos a aquellos farmacéuticos y, por tanto, no se valoraron en el concurso. El procedimiento continuó con normalidad y el TSJB también asumió que se cumplía con la sentencia previa gracias a ese decreto ley.
El fallo del Supremo dice lo contrario, esto es, que la sentencia no se ejecutó de forma correcta. Da la razón a un farmacéutico de la Península y comparte el criterio de que la mera presencia de ese punto en el baremo pudo disuadir a profesionales que no iban a conseguir esa valoración de concurrir al procedimiento.
La sentencia que se dictó la semana pasada obliga a que se convoque de nuevo todo el procedimiento sin el punto controvertido. Eso supone que los actuales propietarios pueden perder la licencia y abre la puerta a que se produzcan reclamaciones posteriores en los tribunales.