La defensa del fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha presentado un escrito con el que solicita al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que anule las actuaciones de la querella contra él presentada por Europa Press y 'Diario de Mallorca', y pide que se retrotraigan las actuaciones hasta el momento en el que la magistrada Felisa Vidal admitió la ampliación que le incluía como posible «inductor» de un presunto delito de prevaricación.
El fiscal fue imputado por la incautación y el rastreo de los móviles de redactores que cubren el 'caso Cursach'. El abogado de Carrau, Cristóbal Martell, ha planteado un incidente de nulidad con el que solicita anular todo lo ocurrido con posterioridad a esa fecha, el 8 de febrero, lo que incluiría su citación para declarar como investigado y la denegación del archivo de la causa.
El letrado argumenta que se ha vulnerado el derecho de defensa de Carrau. En concreto, protesta por no haber recibido inmediatamente la notificación de que la querella se había admitido a trámite y por el retraso hasta que fue formalmente imputado, ya que la condición de investigado le hubiese permitido examinar antes las actuaciones y formular recursos.
Además, la defensa del fiscal sostiene que se le ha impedido presentar desde el inicio el incidente de recusación contra la magistrada, de la que sospecha de «falta de imparcialidad». Carrau pidió apartar a la magistrada en otro escrito registrado este martes, apoyándose en que Vidal tuvo un cargo en el Govern de Jaume Matas (PP) y él ha actuado como fiscal contra el expresidente y contra el partido en varias ocasiones.
La querella se presentó por prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio y vulneración del secreto profesional periodístico el 13 de diciembre de 2018. Habían pasado dos días desde que el juez Miguel Florit ordenara a la Policía registrar las sedes de Europa Press y 'Diario de Mallorca' e incautarse del móvil y ordenadores de dos de sus periodistas, todo ello con el objetivo de investigar el origen de las noticias publicadas sobre el 'caso Cursach'. Inicialmente la querella de los medios de comunicación se limitó a Florit.
La querella se admitió a trámite el 18 de diciembre, y tres días después el juez Florit anuló la requisa. Posteriormente, la documentación aportada por el Juzgado al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de los periodistas de Europa Press y 'Diario de Mallorca', una periodista de EFE y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma; y que todas las órdenes se habían dictado con el aval del fiscal Anticorrupción Juan Carrau.
Por ello, los periodistas ampliaron la querella incluyendo a Carrau como «inductor» de las decisiones del juez Florit y añadiendo a los hechos presuntamente delictivos el rastreo de los teléfonos como un posible delito contra el secreto de las comunicaciones.
El 8 de febrero, el TSJIB admitió a trámite la ampliación de la querella contra Carrau y el 15 de marzo la magistrada citó al juez y al fiscal como investigados para el 8 de abril, y a los redactores afectados, como testigos, para el 15 de abril, junto al agente de la Policía Judicial encargado de la investigación derivada del 'caso Cursach'. Con todo, por cuestiones de agenda de los abogados, la citación a los periodistas ha sido suspendida y actualmente está pendiente de nueva fecha, mientras que el abogado de Carrau solicitó suspender la declaración de los investigados por coincidir con un juicio en otra comunidad autónoma señalado con anterioridad, pero el TSJIB todavía no ha resuelto respecto a esta cuestión.