La Ley de Turismo que regula el alquiler vacacional aprobada en agosto de 2017 y las posteriores zonificaciones que delimitan la actividad aprobadas por el Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma ha supuesto un descenso de este tipo de oferta de alojamiento en la Isla. En concreto, en los últimos dos años se ha reducido un 20 %. Así se desprende del informe elaborado por la empresa inAtlas y que se adjunta en la demanda contra la zonificación aprobada por el Consell de Mallorca que presentó la asociación de alquiler turístico Habtur.
El estudio ha tenido en cuenta tanto las viviendas con la correspondiente licencia de actividad de la Conselleria de Turisme como las que no, si bien hizo una criba para no contar dos veces los alquileres que se promocionan en más de un portal. De acuerdo con el informe, en 2016 se comercializaban 32.089 viviendas de alquiler turístico en Mallorca, mientras que esta cifra descendió a 25.686 en 2018.
En cualquier caso, el descenso ha sido desigual en los municipios de Mallorca, como se aprecia en el gráfico adjunto. Así, en las zonas con mayores restricciones el retroceso ha sido mayor. Asimismo, desde Habtur se señala que otro factor que ha incidido en la rebaja de la oferta ha sido la obligación de tener que comprar plazas, que entró en vigor con la nueva ley.
Plazas
Fuentes de la asociación reconocen que algunos propietarios que alquilaban sus viviendas a turistas, pese a poder seguir haciéndolo, han desistido por no tener que adquirir las plazas. Su precio es de 3.500 euros por plaza en el caso de viviendas unifamiliares; de 875 euros por plaza en los pisos; y de 291,67 euros para las viviendas que solo pueden alquilarse un máximo de dos meses al año.
Cabe recordar que antes de la entrada en vigor de la nueva normativa de 2017 y la posterior zonificación cualquier vivienda unifamiliar, con independencia de donde estuviera ubicada, podía conseguir la correspondiente licencia sin tener que comprar plazas. En cambio, ningún piso podía estar destinado a alquiler turístico.
Sin embargo, muchos propietarios, pese a no tener licencia, llevaban a cabo la actividad. La nueva ley endureció las multas de forma sustancial y, de hecho, uno de los principales portales comercializadores, Airbnb, tendrá que hacer frente a una sanción de 300.000 euros por incumplir la normativa.
Desde Habtur siempre se han mostrado en contra de la ley y de la zonificación, si bien son partidarios de regular la actividad. El informe adjunto a la demanda contra el Consell pone de manifiesto el impacto «negativo» en la economía de la Isla. En concreto, estima que en el último año 455.417 turistas dejaron de alojarse en viviendas vacacionales en Mallorca, lo que supuso «una pérdida directa al sector» superior a los 192 millones. Además, señalan que el alquiler turístico solo alojó al 11,6 % de visitantes el pasado año.