El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto con las medidas económicas más urgentes para la regulación del Régimen Especial de Baleares (REB), que establece propuestas económicas y fiscales para compensar la insularidad de la comunidad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celáa ha explicado que «el factor de insularidad» será el instrumento financiero que garantice que Baleares reciba cada año inversiones estatales que sitúen a la comunidad, al menos, en la media del conjunto del país.
La ministra portavoz ha informado de que la dotación se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado y servirá para financiar actuaciones en ámbitos especialmente afectados por la insularidad.
Así, ha precisado que se incluirán medidas para el transporte y para compensar equitativamente el coste adicional por el hecho insular.
En el caso del transporte marítimo y aéreo de personas, el real decreto incluye bonificaciones de hasta el 75 por ciento en las tarifas de los trayectos directos entre Baleares y el territorio nacional.
También se actualizarán las mercancías, incluyendo como mínimo del 65 por ciento sobre el coste medio del flete para la exportación de productos.
En el ámbito energético, el Gobierno promoverá las energías renovables en el archipiélago y la ejecución de una segunda interconexión con la Península.
Celáa ha dicho que los precios de la energía eléctrica, del gas natural y de los gases licuados en Baleares serán equivalentes a los que se establezcan en la Península.
En medidas fiscales y a través de un anteproyecto de ley, se incluyen dos nuevos incentivos fiscales para las empresas que operan en Baleares y que compensarán los inconvenientes de la insularidad.
El primero de estos incentivos consistirá en una reserva general para inversiones que permitirá un ahorro tributario en el impuesto sobre sociedades.
La ministra portavoz ha explicado que las empresas que destinen parte de sus beneficios a reservas para futuras inversiones gozarán de una reducción en la base imponible del impuesto sobre sociedades del 90 por ciento. Y ha añadido que este incentivo fiscal «tendrá su equivalente en el IRPF».
La segunda fiscal que contempla el anteproyecto consiste en una bonificación del 10 por ciento en el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta, por los rendimientos derivados de la venta de bienes producidos en las islas.
Celáa ha añadido que para aplicar esta bonificación se requerirá el mantenimiento del empleo. El beneficio se incrementará hasta el 25 por ciento en aquellas empresas donde haya aumento de la plantilla.
Con la aprobación de este real decreto, el presidente de Gobierno, Pedo Sánchez, cumple el compromiso adquirido el pasado 14 de noviembre tras la reunión con la presidenta Francina Armengol, cuando aseguró que el REB entraría en vigor en 2019.